Este 29 de febrero Chile enfrenta un momento único en su historia nacional. Puede que los libros del futuro indiquen qué ocurrió en Aysén y que tuvo parcial repercusión entre la sociedad de su tiempo. Algunos ciudadanos quizás lo atraviesen sin si quiera haberse enterado.
Pero lo que en verdad se discutirá, y votará finalmente, es una concepción de país. Una forma de entender la soberanía nacional. Y una manera de sopesar también sus recursos.
Tal vez sin quererlo realmente (o si) al menos una parte de quienes serán protagonistas del debate se encuentren condicionando la realidad económica y social de los años por venir.
Es que el 29 de febrero la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) decidirá en Aysén si se le entrega a un grupo de 38 personas más de 620 mil hectáreas de mar para su uso prácticamente exclusivo o “administración” en el marco de la polémica Ley Lafquenche.
En pocas palabras, la ley pretende reconocer la presencia ancestral de los pueblos aborígenes y compensar el proceso de conquista y civilización mediante la entrega de enormes espacios costeros en el sur del país a descendientes.
Se trata de los llamados Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
Otra herramienta de extorsión
Al amparo de esta ley que tiene 14 años de existencia, pero que cobró un nuevo impulso con el gobierno de Gabriel Boric, se han otorgado diversas extensiones a familias que acreditaron ser originarias de los lugares en cuestión.
El método es discutible pero aún así está siendo llevado al paroxismo con un propósito que aparece apenas velado: el gobierno actual encontró en la Ley Lafquenche una forma “legítima” de extorsionar a la industria de la salmonicultura y a la industria pesquera; y de paso, busca mantener a raya los reclamos siempre comprometidos e incómodos para la clase política de los pescadores artesanales.
Quien haya entendido esta arremetida de Boric y su equipo como un puro deseo de reivindicar la cultura ancestral se equivoca. Después de todo miles de personas que trabajan en la salmonicultura y en la pesca en general son efectivamente descendientes de pueblos originarios. De más está decir que quedarán exclusivos de los espacios otorgados a grupos minúsculos que lograron revalidar una posición ante el gobierno.
El vínculo entre una polémica ley y la campaña de ONGs extranjeras
No es casual que exista un puente discursivo entre las acciones concretas de esta ley y las campañas que vienen desarrollando Fundación Rewilding, Greenpeace, Oceana, entre otras ONGs extranjeras que aspiran a transformar todo el sur de Chile en un gran parque nacional.
¡Oh casualidad! que a los parques en territorio nacional donados por Rewilding, “protegidos” por Greenpeace, Oceana y Patagonia Inc. ahora se le anexen los ECMPO que dificultarán cuando no impedirán todo proceso de desarrollo en el sur.
La cruzada que lleva adelante el gobierno contra la industria, la segunda en exportaciones después del cobre, se amplifica en esta ley que es utilizada como un nuevo elemento de presión política.
Entre la jungla burocrática medioambiental y una ley que deja muchas dudas y excluye a millones de personas, existe más de un punto de contacto y el resultado final hace pensar en una estrategia global que suma ONGs y políticos de turno.
Este 29 de febrero dos grupos familiares que incluyen un total de 38 personas podría acceder a más de 620 mil hectáreas que quedarán básicamente bajo su arbitrio. Este dato es apenas una arista de un escenario social que podría volverse muy complejo para el resto de los chilenos. ¿0 no estamos creando un Estado dentro de otro tal y como pedía el primer borrador de la reforma constitucional?
La idea de que los “concesionarios” no entrarán en conflicto con la industria o con el universo de la pesca es un cuento infantil.
No está del todo claro cómo es que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígnea (CONADI) llega a la conclusión de que ciertas familias chilenas están por encima del resto y cómo se establecen las gigantescas dimensiones de territorio nacional a ser entregadas.
Desde ya se ha soslayado muy convenientemente que muchos de pescadores que serán perjudicados de lleno por esta política ecologista “talibán” son descendientes de pueblos originarios.
¿Los muertos también reclaman su parte del mar?
En lo formal, la comunidad Pu Wuapi de la comuna de Guaitecas solicita la ECMPO CISNES con una superficie de 227.272 hectáreas. Por su lado, la Comunidad Antunen Rain de las Islas Huicha de la comuna de Aysén solicita 393.945 hectáreas. Visto en el mapa se trata de la superficie de un país pequeño que será “administrado” o habitado por 38 personas.
Serán menos. Puesto que uno de los integrantes de la comunidad Pu Wuapi que figura entre los solicitantes de más de 227 mil hectáreas, está muerto. Humberto Lepio Maripillan falleció el 11 de octubre de 2017.
¿No lo sabía esto la CONADI? ¿No lo sabía esto la propia comunidad que presentó a una persona fallecida hace ya 7 años como solicitante del espacio marino?
Este es una de las tantos asuntos oscuros y extraños que rodean a la votación que ocurrirá este 29 de febrero.
De hecho, el reconocido buzo Claudio Faúndez Quintullanca, también presidente del Sindicato Nacional de Buzos de Chile, ha denunciado que algunas personas que se oponían a las implicaciones de la ley fueron amenazadora con armas de fuego.
