El intento del seremi de Hacienda por recuperar el protagonismo perdido en la Zona Franca y avalar el actual modelo
El seremi de Hacienda, Manuel Correa, ha intentado irrumpir en el debate sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas con una declaración que suena más a una expresión de deseos que a una realidad jurídica: “Vamos a tener una voz”, aseguró en entrevista a un medio regional, en un esfuerzo por reinstalar a su cartera en una discusión de la cual, por ley, Hacienda fue desplazada hace ya tres años. Sus palabras, sin embargo, desnudaron una profunda desconexión con el actual marco de competencias y una alarmante complacencia con el estado actual del recinto, el cual dista mucho del espíritu de beneficio social bajo el que fue fundado.
La primera gran falencia en el discurso de Correa radica en el peso real de su cargo. Al afirmar que busca “trabajar en las bases para realizar la próxima licitación” y proyectar el modelo hacia el año 2030, el seremi omite un dato normativo fundamental: La fiscalización del contrato de concesión y la elaboración de las bases de licitación ya no dependen de su oficina, sino que son de exclusiva competencia del Gobierno Regional de Magallanes. En el Chile descentralizado que se intenta construir, la opinión de la seremía de Hacienda no pasa de ser un insumo secundario. Su pretendido rol articulador choca directamente con la realidad técnica de sus facultades limitadas; la toma de decisiones estratégicas está firmemente en manos del Gobernador Regional y su equipo, dejando al representante ministerial en una posición periférica donde sus intenciones de “no improvisar en 2028” carecen de un sustento administrativo real.
Más allá de sus acotadas atribuciones, es en el fondo del debate donde la postura de Correa resulta más cuestionable y menos alineada con el sentir de la comunidad magallánica. Al ser consultado sobre la evidente mutación de la Zona Franca (hoy convertida en un mall comercial antes que en un polo de desarrollo e industrialización), el seremi optó por una defensa tibia y utilitaria. Argumentó de manera simplista que el recinto genera empleo y competencia, sugiriendo de paso que sin él los precios en Punta Arenas serían “aún más altos”.
Con esta lógica del mal menor, la autoridad económica parece ya tener decidido que la franquicia tributaria se traduzca simplemente en un centro de consumo, ignorando la pérdida del espíritu original del recinto. Los beneficios de una zona franca no se idearon para subsidiar el comercio minorista tradicional empaquetado en formato de centro comercial, sino para impulsar el poblamiento, el desarrollo productivo y el abaratamiento real del costo de vida en una región aislada.
Finalmente, la agenda de modernización que propone el seremi resulta paradójica. Correa pone un énfasis desmedido en la “digitalización de trámites” y en la fiscalización conjunta con Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos para “identificar nominativamente a los compradores en boletas y facturas”.
Mientras la ciudadanía y las fuerzas vivas de la región esperan una discusión de fondo sobre la extensión del giro hacia los servicios, la diversificación de la matriz productiva regional y el retorno social de la concesión, la prioridad de la seremía pareciera que se reduce a un control burocrático de carácter fiscalizador. En lugar de liderar una visión de futuro que recupere el verdadero sentido estratégico de la Zona Franca para Magallanes, la intervención de Correa se queda en la superficie, defendiendo el statu quo de un recinto en deuda y reclamando un protagonismo que las leyes de la descentralización ya le quitaron.
Redacción ZonaZero.cl
