El 4 de junio de 1932, un grupo de jóvenes simpatizantes de izquierda, muchos de ellos militares; en su mayoría aviadores y marineros, dieron un golpe de Estado derrocando al presidente constitucional Juan Esteban Montero Rodríguez, un radical moderado, bisnieto del héroe de nuestra independencia, Manuel Rodríguez Erdoíza, que gobernaba con el apoyo de los tradicionales partidos de la antigua derecha chilena: conservadores y liberales.
Desde un principio, se sospechó que detrás del movimiento revolucionario conspiraban el ex presidente Carlos Ibáñez del Campo, el comodoro Arturo Merino Benítez, el coronel y ex primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Marmaduque Grove Vallejos; civiles como el abogado Eugenio Matte Hurtado, el médico Óscar Schnake Vergara y obreros como Carlos Alberto Martínez.
Se creyó también, que otro ex presidente, Arturo Alessandri Palma, estaba confabulado con los militares insurrectos. Sabida era la opinión que Alessandri tenía de los radicales. En más de una ocasión, había mencionado: “Con los radicales no se puede gobernar…y sin los radicales, tampoco”.
Lo cierto, es que Chile vivía un período de inestabilidad política desde el llamado “Ruido de Sables”, una demostración de fuerza llevada a cabo por oficiales de las Fuerzas Armadas el 4 de septiembre de 1924, en protesta por los bajos salarios que percibían y en rechazo a la promulgación de una ley que fijaba dietas para los parlamentarios. (Recordemos que hasta ese momento los congresales trabajaban ad honorem).
En esa oportunidad, los militares respaldaron al Ejecutivo, lo que obligó al Congreso a despachar varias iniciativas legales que esperaban ser aprobadas, casi desde los comienzos de la administración del presidente Alessandri.
A contar de allí, se inició una época en que los militares participaron activamente en la vida política del país, una tendencia que se acrecentó durante el primer gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931).
Sin embargo, la crisis económica suscitada en Chile luego del colapso financiero sufrido por la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929, a lo que siguió una gigantesca recesión mundial, de la cual nuestro país fue uno de los más afectados, terminó por gatillar la caída de Ibáñez.
El caos institucional continuó varios meses más, e incluyó el “motín de las tripulaciones”, un acontecimiento poco analizado de la historia política chilena acaecido en los primeros días de septiembre de 1931, cuando marineros y soldados en rechazo a la resolución que rebajaba sus sueldos en un 30%, se apoderaron de los principales buques de la Escuadra Nacional, no sin antes apresar y tomar como rehenes a los oficiales de las distintas unidades de aquella rama castrense. El gobierno del vicepresidente Manuel Trucco ordenó atacar a los barcos de la escuadra con elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea. Si bien, los marineros se rindieron al gobierno y la normalidad pareció restablecerse luego de asumir la presidencia Juan Esteban Montero, el 4 de diciembre de 1931, la precaria situación económica y laboral que afectaba dramáticamente a civiles y militares, consumó el escenario del 4 de junio de 1932.
El nuevo gobierno decretó una serie de medidas populistas para paliar la grave crisis económica y social que afectaba a la nación; entre ellas, entregar los objetos de trabajo y las prendas de vestir empeñados en la Caja de Crédito Popular (Dirección General de Crédito Prendario) el acuerdo que establecía, la entrega de dos raciones diarias alimenticias para cesantes e indigentes; y la requisición de joyas y objetos de valor para depositarlas en la Tesorería General de la República.
Dicha Junta de Gobierno alcanzó a estar doce días en el poder, cuando otro movimiento encabezado por el periodista Carlos Dávila dio un nuevo golpe de estado, instaurando una administración de sello socialista y nacionalista. Una medida de suma importancia elaborada durante su mandato, fue la creación del Comisariato de Subsistencias y Precios, que declaraba de utilidad pública en caso necesario, a las empresas industriales, a los predios agrícolas, a los establecimientos productivos y aquellos que distribuían artículos de primera necesidad, autorizando al Presidente de la República para intervenirlos y expropiarlos, en caso que se hallaran inactivos, en paro o en receso.
Aquel marco jurídico fue recuperado cuatro décadas más tarde por los abogados Eduardo Novoa y Enrique Silva Cimma. Conocido como el Decreto N°520 fue aplicado por el gobierno de la Unidad Popular (los resquicios legales), para intervenir y expropiar empresas consideradas estratégicas que se encontraban paralizadas.
A Dávila le sucedió otro movimiento insurreccional comandado por el general de ejército, Bartolomé Blanche Espejo. Incluso, hubo un intento golpista que intentó llevar a efecto el comodoro Arturo Merino Benítez, pero fue neutralizado oportunamente.
El poder político recayó en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel, quien decidió convocar a elecciones presidenciales anticipadas, que se efectuaron el 30 de octubre de 1932, triunfando Arturo Alessandri por amplia mayoría. En segundo lugar, se ubicó el “hombre del socialismo”, Marmaduque Grove, que sólo 48 horas antes había retornado al continente después de su relegación a Isla de Pascua, adonde fue a cumplir su relegación, sentenciada por simpatizantes de izquierda que apoyaban a Carlos Dávila.
Los distintos grupos que se hacían llamar socialistas, finalmente, se unificaron, y constituyeron ahora sí, de manera oficial el Partido Socialista de Chile, pero, un 19 de abril de 1933.
