El 23 de agosto pasadas las 20.40, Darwin López ingresó probablemente nervioso y afectado al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales. Junto a otras 12 personas en la localidad estaba acusado de una extensa y grave lista de delitos. Entre ellos, tráfico de drogas y personas, lavado de activos, contrabando de cigarrillos, tenencia de armas.
López había sido detenido en el marco de un mega operativo internacional que incluyó a las fiscalías de Chile y la Argentina.
Pero su situación era muy distinta de los demás detenidos. Darwin era un paciente renal crónico y con claras posibilidades de tener un evento de salud. Por lo que la defensa del detenido, el abogado Rigoberto Marón, solicitó a la jueza Marianela Chacur la “detención ampliada” lo que significaba mantenerlo en el Hospital local bajo vigilancia correspondiente. La fiscalía se opuso a solicitud y la jueza Chacur no hizo a lugar a la defensa.
Ahora se conoció, a través del propio abogado defensor, que López fue trasladado directamente a la audiencia del tribunal sin haberse realizado la diálisis que le correspondía a las 15, en una acción que viola los derechos de las personas. Por otro lado, el legado relató que a su defendido “no le permitieron el uso de medicamentos”. Otra acción que se opone a los mínimos recaudos que deben preservarse en estas situaciones.
“Sufría una deficiencia renal crónica por lo que debía dializarse tres veces a la semana y además consumía un total de 10 medicamentos al día”, señaló Marín.
Poco después de ingresar al centro penitenciario, López se descompensó por lo que luego de ser atendido por personal de Gendarmería, fue trasladado al hospital donde falleció.
“Tras la llegada del personal médico, el señor López Mancilla fue derivado al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Augusto Essmann, donde en horas de la noche sufrió un paro cardíaco. Luego de esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se constató su fallecimiento a las 22,55 horas de este miércoles”, indicó Gendarmería.
Ahora organizaciones de Derechos Humanos anunciaron que analizarán el caso a fin de determinar si se presentan denuncias al respecto.
“En función de esos antecedentes adoptaremos las medidas pertinentes de acuerdo a nuestro mandato legal”, dijo el director regional del Instituto de Derechos Humanos, Cristián Figueroa Fuentealba.
Por su lado, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat recordó que el “sistema judicial debe “tener en consideración los derechos y garantías de las personas que se encuentran todavía en un proceso penal, sin una sentencia condenatoria con presunción de inocencia y donde incluso, posteriormente a una condena sus derechos deben ser respetados”.
Con información de La Prensa Austral y El Pingüino.
