La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) rechazó este jueves 1 de agosto en Punta Arenas la solicitud por parte de una comunidad kawésqar de una extensa zona ubicada en los fiordos de Última Esperanza.
La votación final quedó en 35 votos de rechazo y 1 a favor.
Una familia de 16 integrantes reclamaba más de 24 mil hectáreas en la Península Muñoz Gamero, un sector clave para la economía de Magallanes.
Ya a principios de año en una instancia similar en Aysén se había rechazado el reclamo de más de 700 mil hectáreas.
En esta ocasión se trataba de un área donde confluyen la pesca artesanal, un intenso tráfico naviero y la acuicultura, entre otras actividades.
La solicitud data originalmente en 2017 y corresponde a la comunidad As Wall La Iep quien pretendía, amparándose en la Ley Lafkenche, más de 24 mil hectáreas de Espacio Costero Marino.
Los argumentos en contra de la solicitud fueron variados y contundentes en sus apreciaciones, pero primó el deseo de la sociedad, representada por sectores y autoridades de todo tipo, de profundizar el desarrollo de Magallanes cuidando sus fuentes de ingreso.
En conclusión, los integrantes de la CRUBC fundamentaron que entregar esa enorme porción de territorio a una familia afectaría el normal funcionamiento productivo del sector poniendo en peligro el orden establecido y la economía regional.
El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, subrayó las numerosas faltas que acompañaban este reclamo. Entre ellas la falta de participación de otras comunidades que tenían algo que decir al respecto en los diálogos comunitarios organizados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Además se mencionó a lo largo de la jornada la ausencia de un trabajo de campo esencial para determinar la zona sometida a votación.
En definitiva, los fundamentos del reclamo resultaron muy cuestionados durante la sesión.
Autoridades navieras, seremis de economía y transporte apuntaron a la complejidad que implicaba la solicitud y la falta de garantías de funcionamiento del sector en caso de ser entregado a la familia solicitante.
Desde ya se observó que no estaba claro cuál sería el plan de manejo y administración del sector por parte de la familia.
Más allá de la discusión, quedó en claro que Magallanes tiene su propio punto de vista en lo que hace a su desarrollo. Y que este tiene un vínculo directo con la idea de proteger la pescar artesanal, la salmonicultura, el turismo, el tráfico naviero y los proyectos que puedan fundarse en su geografía.
El rechazo también puede entenderse como una suerte de respuesta a las numerosas ONGs que mantienen una agenda extrema sobre la Patagonia. Muchas de ellas se oponen no solo a la salmonicultura sino que a cualquier actividad que implique empleo y desarrollo.
Los gremios de pescadores, de la acuicultura y las decenas de empresas de servicios hicieron escuchar su voz en esta instancia.
