El proyecto, que otorga mayores facultades a la Subsecretaría del Interior, permitirá, entre otras modificaciones, la expulsión de migrantes por problemas de orden público, además de las razones de seguridad que se consideran actualmente.
La Cámara de Diputados dio luz verde esta tarde al proyecto de ley que modifica la Ley 21.325, con la cual busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. El proyecto ahora ha sido enviada a segundo trámite legislativo y pasará al Senado
El proyecto fortalece las competencias de la Subsecretaría del Interior en materia de seguridad pública.
En específico, otorga nuevas facultades para ejecutar las expulsiones administrativas, ampliando los criterios para decretarlas.
Con esta reforma, el subsecretario del Interior podrá disponer la expulsión de extranjeros no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público.
Asimismo, se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) estará autorizada para ingresar a los domicilios de las personas sujetas a órdenes de expulsión, con el objetivo de materializar su aprehensión. Este procedimiento estará supervisado por la Corte de Apelaciones correspondiente, que velará por su legalidad.
En cada ingreso, los funcionarios policiales deberán identificarse y procurar causar el menor daño y molestias posibles a los ocupantes. Además, se exigirá informar al afectado sobre la resolución que fundamenta su aprehensión.
El subsecretario del Interior, como nueva autoridad facultada para ordenar expulsiones por razones de orden público, tendrá un papel clave en la aplicación de esta normativa, que busca reforzar el orden y la seguridad en el país.
