Aunque a algunos les duela sentir que no tienen el sartén por el mango, la Convención Constitucional tiene poder y lo ejercerá, uno realmente fundamental, aquel que emana del verdadero soberano en una república democrática: el pueblo.
Así es, la soberanía reside en el pueblo o tal como se viene planteando desde hace un tiempo, en los pueblos, porque una de las tareas que se le encomendó a una buena parte de los constituyentes electos es que dejen claramente estipulado en la nueva Constitución, que Chile es un país plurinacional.
A una semana de la instalación de los convencionales, a algunos y algunas les produce escozor que lo que aprendieron en teoría, es una realidad del porte de una catedral y está comenzando a manifestarse, sin el manido tutelaje de los poderes clásicos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Los constituyentes saben que están allí por la ciudadanía que los eligió y se deben solamente a ella. Nada ni nadie les podrá imponer agendas particulares, aun cuando algunas instituciones y grupos de presión han intentado hacerlo, pese a que la discusión de los temas y articulado de la Carta Fundamental no comienza todavía.
Visto de esa manera el proceso, la tensión entre los conceptos clave de legitimidad y legalidad asoma en el punto de partida y puja por imponerse, en uno u otro sentido, porque para nadie es un misterio que los políticos tradicionales quieren mantener el statu quo que más les acomoda desde hace treinta o más años, es decir, refugiarse en los preceptos jurídicos que sostienen un mundo que se derrumbó a pedazos después del 18 de octubre, cuando el pueblo volcado en las calles les espetó en la cara “no más”.
Aun así, esa minoría -alentada desde las sombras por los poderes fácticos- intenta a cualquier costo ponerle cerrojo a la legítima expresión de la mayoría, que busca plasmar en la hoja en blanco la esperanza de la gente de una sociedad más justa y equitativa, tal como se estipuló desde un principio.
Para ello, insistirán hasta el hartazgo para que los dos tercios primen a la hora de dirimir los principios rectores, cuestión que ya ha sido rebatida por quienes portan la orden del pueblo soberano, que los dotó de la legitimidad suficiente para desprenderse de la camisa de fuerza que intentan colocarles y transitar libre y desprejuiciadamente, con la sola convicción de representar el expreso mandato de la mayoría.
El camino no estará exento de trampas, espejismos, rabietas, amenazas y manidos recursos para torcer la voluntad popular. Así ha ocurrido antes y nada hace siquiera sospechar que cambiará en esta oportunidad, porque las élites enquistadas en el aparato público y privado no están dispuestas a ceder las parcelas de poder que construyeron sobre la creciente y sostenida precarización de la vida de las chilenas y chilenos.
Ahí está, a la vista de todos, el oprobio gatopardista imperante en La Moneda, el Parlamento y la Justicia, incluso después de la revuelta del 18-O, que continúan con su travestismo y nos quieren hacer creer que los cambios demandados obedecen a una especie de intento por destruir lo que han denominado impúdicamente “modelo exitoso de desarrollo”.
Desde esta columna semanal, insto a los 155 hombres y mujeres de la Convención Constitucional a no dejarse avasallar y continuar por la senda que les marcó el mayoritario mandato del pueblo, que los dotó de legitimidad histórica para hacer los cambios que se requieren y dejarlo escrito en la nueva Constitución de Chile.
