La Contraloría General de la República decidió instruir a todas las Contralorías regionales para congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
La decisión fue informada, a través de correo electrónico, por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic.
Esto se da en medio de la polémica de la Fundación Democracia Viva. Recordemos que, durante la semana pasada, la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió de oficio una investigación.
Lo anterior, para investigar sobre los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con fundación representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Según información de Radio Bío Bío, dentro de lo que se determinó por la Contraloría es realizar una auditoría de esos contratos y verificar, además, cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otros Ministerios.
Lo anterior, específicamente, en convenios que superen las 5 mil UF que -por ley- es lo que se establece como índice para la toma de razón.
En ese contexto, hay 600 auditorías que se han hecho en cuatro años por parte de la Contraloría General de la República al Minvu, en las que -principalmente- no han estado como eje central las fundaciones.
En un punto de prensa, el Contralor General de la República hizo referencia al cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos.
En ese sentido, destacó la decisión vinculada a la suspensión de la tramitación “mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios”.
Respecto a qué involucra la determinación, Bermúdez explicó que contempla “paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego, si es que corresponde, tomar razón”.
