“Quien se arrepiente se salva”, dice el refranero popular.
La sentencia, llena de culpa cristiana y algo de sabiduría práctica, no se cumplió en el caso de la avezada periodista Paulina de Allende-Salazar, quien en medio de la urgencia informativa de un despacho en directo trató de “paco” al cabo primero asesinado mientras realizaba un control de identidad.
De nada sirvió que la impetuosa reportera se disculpara inmediatamente por su lapsus linguae al usar la palabra “paco”, muy arraigada en la lengua coloquial chilena, pero que en el contexto de la entrega informativa del momento no debía tener cabida por su carga despectiva, lo cual produjo dolor e indignación en la institución que en ese minuto lloraba el salvaje asesinato de uno de los suyos.
Lo que vino después es impropio de un país democrático que se define como respetuoso de las libertades de prensa y expresión, por cuanto es inconstitucional que un general de Carabineros (funcionario público) se niegue a entregar información mientras esté presente un determinado periodista, por mucho que le haya molestado el desubicado vocablo.
De nada sirvió que la laureada De Allende-Salazar admitiera su error: “Fue un lapsus que corregí de inmediato y que pedí disculpas apenas tuve la oportunidad. Jamás tuve la intención de ofender o dañar a Carabineros, es más, por décadas en mi rol de periodista he trabajado con ellos y respeto mucho a la institución”, expresó en su cuenta de Instagram.
La empresa Mega, donde desempeñaba labores la periodista, no supo ni quiso sortear el feroz y rápido ajusticiamiento al que fue sometida en redes sociales la reportera y decidió sacarla del punto de prensa y prescindir de sus servicios. En tanto, ninguno de los involucrados se dio el tiempo para reflexionar, por el contrario, la intolerancia se impuso a la cordura y abrió las puertas a la irracionalidad.
Comprendo la indignación del alto oficial de la policía uniformada, pero con la misma fuerza y convicción condeno su decisión de vetar a Paulina de Allende-Salazar, exponiéndola a las represalias de los extremistas que suelen aparecer en este tipo de situaciones.
Creo que el principio de libertad de expresión, puesto en riego por la decisión del uniformado, es superior a su legítima molestia como jefe del carabinero asesinado cobardemente.
Así también lo manifestó el Colegio de Periodistas de Chile, que por medio de una declaración pública expresó que “condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina de Allende-Salazar por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma”.
Asimismo, agregó que “la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales”.
El código de ética que rige la profesión periodística es taxativo respecto de su ejercicio, en el sentido de no propiciar ni dar cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna.
Este es el marco en que se debe juzgar el trabajo de los periodistas, no los tribunales populares, los vetos y menos las amenazas explícitas o veladas vertidas por sujetos cobardes que se escudan en el anonimato de las redes sociales.
Las escuelas de periodismo tienen mucho que decir respecto de la formación que entregan a los futuros periodistas, y el Estado en su conjunto debe devolver a los colegios profesionales la tuición ética, que les fue arrebatada en dictadura y transformó sus dictámenes en meras reprimendas, sin mayores consecuencias para los infractores.
