Una treintena de oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura asumieron públicamente su responsabilidad de mando y pidieron a las autoridades judiciales y políticas que tengan «conmiseración» hacia sus subalternos presos por violaciones a los derechos humanos.
A través de una carta leída, a modo de vocería, por el diputado Gonzalo de la Carrera en el Hall de la Cámara Baja, 27 exmilitares plantearon que suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles sólo cumplieron órdenes de superiores, quienes -deploraron los firmantes de la misiva- siguen guardando silencio.
«Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación», apuntaron.
En ese sentido, «hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos», reprocharon.
«No correspondiéndonos», manifestaron, «a partir de ello venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados».
«Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos», exhortaron.
La carta está firmada, entre otros, por Carlos Herrera Jiménez y Hernán Alejandro Ramírez Hald, condenados por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez; José Zara Holger, por el asesinato del general Carlos Prats; y Arturo Silva Valdés, por la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos.
Consultado por la opinión del Gobierno respecto a la carta, Cordero dijo que «lo primero -vamos por la parte positiva- es que en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado».
En segundo lugar, «es una carta escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los derechos humanos«, agregó el ministro.
«Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están», subrayó, en referencia a los detenidos desaparecidos.
Cordero remarcó que para el Ejecutivo «la importancia de esta carta es que la firma un grupo de personas que si bien en el pasado negaron las violaciones a los derechos humanos, con esta carta señalan que sí existieron, y es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente por el bien del país, de las familias, y probablemente de su propia conciencia, que lo pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación».
