La complejización a nivel nacional del contexto regulatorio y los variados cambios de criterio por parte de la autoridad han afectado a numerosos planes y obras que han pasado de ser un esperanzador proyecto, a algo que queda en una carpeta guardada en un cajón.
El concepto de “permisología” apunta a procesos burocráticos para obtener permisos que acreditan el desarrollo de un proceso de inversión, y se convierte en un obstáculo para la misma. Y obviamente, la inversión está estrechamente relacionada con la creación de empleo, avances tecnológicos y mejoras en la productividad.
De un tiempo a esta parte la ciudadanía como tal ha empezado a quedarse a un costado del camino frente a temáticas que le afectan directamente, pero que otros han llegado a tomar por mano propia. Y cuando digo otros, me refiero a diversas ONG’s que han desarrollado acciones a lo largo de los años para implantar sus visiones y puntos de vista frente a determinadas situaciones, sobretodo ligadas a lo medioambiental. Y obviamente, el frenar como sea posible el potenciamiento de actividades productivas relevantes a nivel regional, en pos de sus propios intereses.
Sin ir más allá, las judicializaciones por parte de las ONG’s de permisos o calificaciones medioambientales otorgados a diversos proyectos de mejoramiento o ampliaciones en algún sector de la región relacionados por ejemplo a la acuicultura o la pesca en general se hacen cada vez más normales. ¿Pero son adecuados o positivos para el desarrollo de un territorio?
Algunos dirán que sí, y otros que no, obviamente. Pero el punto es que esas decisiones en el plano local, y con espacios de evaluación y fiscalización constante, deben ser analizadas con una identidad y pertinencia. Debiéramos ser nosotros mismos, como habitantes de esta tierra, los que nos reunamos y vayamos intentando avanzar en acuerdos y compromisos, pero en base a lo que somos y respecto de cómo se llegó hasta acá.
Se repiten los mismos nombres de ONG’s hace años en Magallanes. Con barcos y lanchas espectaculares surcando mares y canales australes, trabajando con universidades, mostrando más bien un tipo de marketing que una vinculación real y profunda con los ciudadanos comunes. Preocupándose mucho más de la plantita que dejará o no de crecer, que del presente y futuro de una economía local complicada, con gente sin trabajo y con proyecciones alarmantes.
El problema no es solamente que en los últimos años todo esto ha trabado en buena parte el desarrollo de algunas industrias en particular, si no que seguirá siendo de la misma manera. Ni hablar del número de judicializaciones que tendrá la industria del hidrogeno verde cuando empiecen todos los trámites medioambientales, con aprobaciones o no. Así será.
En todo caso, siempre será bueno saber quiénes son los financistas de las organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que de esa manera uno podría profundizar aún más en el análisis, y se tendría la completa transparencia sobre su funcionamiento.
Asimismo, qué es lo que está haciendo el Estado frente a lo que ha venido ocurriendo y está por ocurrir en Magallanes. Hay que buscar los equilibrios que tantas veces se pasan a caer en el camino. La defensa de un Estado de Derecho como corresponde, debe ir de la mano de la conciencia y la responsabilidad para que procesos como los anteriormente explicados tengan una ruta mucho más sana y con proyección de terminar en algo que ayude al desarrollo, más que la permanente judicialización de todos los permisos medioambientales.
Ya se sabe que hace algunos días nuevamente se judicializó otro proyecto, luego de que una empresa obtuviera la calificación ambiental que pretende ampliar las capacidades para atender naves y carga en un punto en la costa del Seno Skyring donde prestan apoyo logístico a las compañías salmonicultoras que operan en el área. Es decir, se intenta bajar los riesgos y los costos asociados a una operación que solo permite trabajar con naves menores. El proyecto apunta a poder ampliar aquella operación para naves mayores. Pero también ha sido judicializada.
Nada nuevo bajo el sol, pero veremos si el sol seguirá queriendo salir por estos lados…
Sabido es que las ONG’s cumplen un rol, pero no pueden adjudicarse ciertos roles como representantes de todo un territorio. Somos nosotros los que debemos decidir qué hacer, qué producir, qué comer, qué vender o comprar. Aceptamos sugerencias, consejos, ideas y voluntades externas… Incluso de personas de otros países que vienen a «mostrarnos» lo que ellos harían. Pero solamente hasta ahí.
Deben ser las autoridades de turno, junto a las y los protagonistas de los diversos sectores productivos, quienes asuman esta real problemática que sigue y seguirá ocurriendo.
Cuando se habla de «permisología» de esto es de lo que estamos hablando. Sin certezas, sin fechas estimativas, sin tiempos concretos, con permanente judicialización, sin discursos seguros desde el Ejecutivo, y con proyectos que avanzan por rutas llenas de piedras y hoyos…
Así, será difícil poder crecer y entregar seguridad a los que vienen.
