Nuestra región enfrenta los desafíos socioambientales, con una dificultad de carácter estructural. No hemos logrado implementar de forma participativa y vinculante, un proceso de ordenamiento territorial y maritorial, que de cuenta de la forma en que las comunidades locales, desean habitar el espacio común y la forma en que desean relacionarse con los bienes comunes naturales.
Dichas decisiones, debieran expresarse en instrumentos locales y regionales de planificación, que prioricen e identifiquen con claridad meridiana, el desarrollo humano y también productivo, que dichas comunidades deseen alcanzar. Estas decisiones deben ser vinculantes, con todos los instrumentos de planificación y evaluación que se conecten con el territorio, incluido el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Por su parte, el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y una matriz energética, cimentada en el uso de combustibles fósiles; constituyen el nudo crítico de la conflictividad ambiental.
De igual forma, resulta urgente redefinir de fondo, la participación ciudadana incidente desde el diseño hasta la ejecución de los proyectos, para colectivizar la visión de desarrollo y la protección de la biodiversidad. También es preciso elevar las sanciones, ante el incumplimiento de la normativa, con el fin de terminar con las zonas de sacrificio y frenar las que comienzan a aparecer en el horizonte de los territorios.
Necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental, dotándola de plena autonomía técnica, respecto del poder político y de los intereses económicos.
Pondremos toda nuestra energía y convicción, para que el nuevo congreso apruebe una ley marco que recoja y dé cuenta también, del nuevo estándar que contendrá la nueva constitución.
Fiscalizaremos al ejecutivo, desde el diseño hasta la implementación de los acuerdos y las políticas públicas vinculas a Cambio Climático, que tal como lo indicara el Grupo Intergubernamental de Expertos, el “cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando”.
De igual forma, promoveremos desde el parlamento una redefinición participativa de la “Estrategia Climática de largo plazo 2050”, poniéndola en sintonía, con los principios y ejes definidos desde las organizaciones y comunidades, tal como es posible encontrar en el “Manifiesto Latinoamericano por el Clima”.
Finalmente reiterar, que asistimos a un momento histórico, que nos permitirá desarrollar la más importante de las conversaciones públicas de nuestro siglo, en el marco de las herramientas de participación definidas en la convención constitucional; es hora ya de abandonar la camisa de fuerza de hacer todo en la “medida de lo posible” y avanzar colaborativamente hacia los desafíos que la humanidad y nuestro país, debe asumir con la urgencia que la crisis climática nos pone en perspectiva.
Con esperanza veo, a un gran número de convencionales, defendiendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones; desde los territorios estamos decididos y decididas a mantener los espacios de discusión asamblearia y no descansaremos hasta que se redacte la última línea de una constitución garante de derechos sociales y ambientales, que dignifique la vida…todas las formas de vida.
