La constituyente es una oportunidad histórica para empujar los límites de la descentralización, ese largo proceso que se dirige a trasladar poder desde el centro hacia los territorios.
En la nueva Constitución es posible y necesario fijar un marco de principios que asegure que el poder de decisión en el diseño e implementación de las políticas públicas se radique en las regiones y en las comunas.
La historia de la descentralización comienza con la promulgación de la Constitución de 1925 y se prolonga a lo largo de todo el siglo XX y estos dos decenios del siglo XXI, en que gradualmente se fueron traspasando determinadas cuotas de poder de decisión desde las instancias centrales a las estructuras regionales, provinciales y comunales.
En la actualidad, la descentralización ha incorporado la elección democrática de consejeros regionales y gobernadores regionales y las facultades de solicitar al gobierno central el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, pero las regiones siguen dependiendo del poder central, por ejemplo, a través de la DIPRES (Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) y de la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior), cuya capacidad de veto y control sobre las estructuras y decisiones regionales es considerable.
Descentralizar la democracia significa en esencia trasladar poder hacia las regiones y comunas, por ejemplo, entregando a los gobiernos regionales la facultad de nombramiento de los secretarios regionales ministeriales o fortalecer y ampliar las facultades y atribuciones de los concejos municipales. Bajo un nuevo marco constitucional, los gobiernos regionales podrían constituirse efectivamente en estructuras de gestión y administración de las regiones y territorios con una autonomía suficiente, por ejemplo, para decidir sus presupuestos, dentro de un marco presupuestario fijado por el gobierno central.
Para que existan verdaderos gobiernos comunales, se requiere ampliar las facultades de los concejos municipales, hacer al alcalde y al concejo corresponsables de las decisiones, abrir las municipalidades a la participación vinculante de la ciudadanía organizada. Cuentas públicas participativas, sesiones del Concejo en barrios y juntas de vecinos, jornadas de audiencias populares, son algunas formas de generar más transparencia y participación en la gestión municipal.
Democratizar la descentralización puede significar incorporar elementos de democracia participativa en las estructuras de gobierno regionales y locales, como los plebiscitos vinculantes, los presupuestos participativos, los cabildos ciudadanos.
Ha llegado el momento de correr los límites de lo posible, para que los habitantes de las regiones y las comunas, sientan que su voz es escuchada y sus aspiraciones y necesidades pueden realizarse en el lugar en que viven.
