Los distintos representantes que conformaron el primer grupo de parlamentarios escogidos en Chile por votación popular, iniciaron sus funciones como dijimos, el 4 de julio de 1811.
A mediados del citado mes se tuvo la noticia de la llegada a Chile de José Miguel Carrera y Verdugo, miembro de una de las familias más acaudaladas e influyentes del territorio y que venía predispuesto a hacerse con el poder.
José Miguel, acompañado de sus hermanos, Juan José y Luis, contaban con el apoyo de un grupo importante de patriotas que buscaban cambios radicales. No fue sorpresa entonces, que el 4 de septiembre de 1811 después de algunas escaramuzas se produjera la deposición de los integrantes del Primer Congreso Nacional y su remplazo, por una Junta compuesta por cinco vocales: Juan Enrique Rosales, Martín Calvo Encalada y Juan Mackenna, en representación de Santiago; José Gaspar Marín, por La Serena y Juan Martínez de Rozas, por Concepción.
De esta primera modificación se puede inferir dos ideas que cobrarán vigencia en el período de la Independencia Nacional y durante todo el siglo XIX: las frecuentes discrepancias entre Santiago y las provincias, con permanentes divisiones políticas, y en ocasiones, hasta con enfrentamientos armados como ocurrió en 1851 y 1859. En segundo término, puede apreciarse con nitidez, que las fechas de 4 de julio y de 4 de septiembre, tienen una importancia simbólica cuyo origen se remonta a los comienzos de la lucha por la Independencia de Chile del yugo español.
A medida que José Miguel Carrera fue adquiriendo mayor protagonismo, el Primer Congreso se fue debilitando en sus atribuciones. El 2 de diciembre de 1811, el propio Carrera, a la sazón Presidente de la Junta de Gobierno, ordenó el cierre de este órgano consultivo. De las medidas más significativas que el Primer Congreso alcanzó a implementar en este breve recorrido podemos citar, la ley sobre libertad de vientres de los esclavos, moción presentada por Manuel de Salas y, una ley sobre cementerios públicos, iniciativa llevada a efecto por Juan Pablo Fretes.
A continuación, el Poder Ejecutivo en plenitud de amplios poderes, se comprometió con la redacción y puesta en práctica de un reglamento que fijara los destinos de Chile mientras se resolviera la situación que afectaba al rey Fernando VII en España.
Así las cosas, el 26 de octubre de 1812 fue sancionado el Reglamento Constitucional Provisorio, que muchos denominan “Constitución de Carrera” y que marcó la época que la mayoría de los historiadores designan como Patria Vieja.
Aunque el citado Reglamento o Constitución, tuvo el desapruebo generalizado de las provincias de Concepción y Coquimbo, y varios resquemores del clero de Santiago principalmente, lo cierto es que aquella Carta fundamental que constaba de veintisiete artículos, estaba inspirada en los principios que originaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
Carrera había sido influenciado por el cónsul norteamericano Robert Joel Poinsett, quien le indujo a pensar en construir un país dirigido por un gobernante en representación del poder ejecutivo con dos cámaras fiscalizadoras, una de consejeros y otra de senadores, de modo, que los tres poderes del Estado tuvieran una equitativa representación.
De esta manera, el Senado de la República tiene su origen en este primer Reglamento Constitucional Provisorio, que estableció en los articulados 7°, 8°, 9°, 10° y 11° los deberes, las atribuciones y limitaciones para los servidores de este nuevo poder del Estado. El 1 de noviembre de 1812 asumieron sus funciones los siete primeros senadores de la historia de Chile; Pedro Vivar Azúa, elegido primer presidente; Camilo Henríquez, Juan Egaña, Francisco Ruiz Tagle, José Nicolás de la Cerda, Manuel Antonio Araoz de la Cerda y José Gaspar Marín.
Pese al inicio de las hostilidades por la invasión española del Antonio Pareja a fines de marzo de 1813, el Senado cuya última sesión se produjo el 13 de enero de 1814, promulgó varias leyes trascendentales, entre ellas una ley para la instrucción primaria, un cuerpo jurídico sobre libertad de prensa y una disposición sobre pueblos de indios.
Todo lo avanzado en libertades civiles se perdió luego de la derrota de las fuerzas patriotas en el sitio de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814. Los nuevos gobernantes españoles, Mariano Osorio primero, y Francisco Casimiro Marcó del Pont después, clausuraron las instituciones creadas por los patriotas y dejaron sin efecto las primeras leyes dictadas por el incipiente Congreso Nacional chileno.
Tras la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, los patriotas pudieron restablecerse gradualmente en el país. El general argentino José de San Martín determinó que las provincias en que entonces estaba divido el país, Coquimbo, Santiago y Concepción, eligieran a un representante para conformar un cabildo que designara a un Director Supremo.
San Martín fue propuesto dos veces para ocupar dicho cargo, pero declinó acceder al cargo porque su verdadero interés era consumar la liberación del Perú, que consideraba clave para romper el cerco español en América del Sur. En esa condición, 185 vecinos de Santiago proclamaron el 16 de febrero de 1817 como Director Supremo a Bernardo O´Higgins Riquelme, quien aceptó asumir aquella responsabilidad propuesta, sólo cuando se hubiere redactado y promulgado una nueva Constitución Política, lo que aconteció el 23 de octubre de 1818.
