En los días previos a la navidad de 1984 el general de división Juan Guillermo Toro Dávila fue notificado por Augusto Pinochet de su remoción como intendente de la región de Magallanes.
El presidente de la república estaba molesto con la primera autoridad regional por los eventos negativos que empañaron la relación del gobierno con la comunidad de Punta Arenas. El agravio sufrido por Pinochet el 26 de febrero en la Plaza de Armas cuando más de un centenar de manifestantes ubicados en los jardines de la iglesia Catedral le gritaron “Asesino”, ante un millar de personas apostadas en el lugar, con la imagen impávida del dictador, de las autoridades y de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que acompañaban al dictador, dieron la vuelta en todo el país. Se agregaba el atentado con dinamita perpetrado por un oficial de inteligencia del ejército, que destruyó parcialmente la parroquia Nuestra Señora de Fátima en el Barrio 18 de Septiembre. El hallazgo de la cédula de identidad del teniente Patricio Contreras –quien murió despedazado al momento de activar el explosivo- dejó en evidencia la participación en el atentado, de los agentes represivos del régimen.
Titular de La Prensa Austral del sábado 2 de marzo de 1985.
El mal manejo de la crisis, sumado a los desencuentros con el obispo de Punta Arenas Tomás González, le costó el cargo a Toro Dávila, un hombre perteneciente al círculo de hierro de Pinochet, de quien el dictador solía decir en privado que había sido conquistado por la “magallanidad”.
En su remplazo fue nombrado el mayor general Luis Danús Covián, quien de inmediato se propuso articular un plan para que el general se reencontrara con Magallanes. Pese a que la economía mostraba algunos signos de recuperación, debido a los coletazos de la crisis económica del 82, había aumentado peligrosamente la inflación, la cesantía y la carestía de los productos de primera necesidad, lo que hizo recrudecer las jornadas de protestas políticas pacíficas contra el gobierno. Pinochet decretó, el 6 de noviembre de 1984 el estado de sitio en todo el país, y en el movido verano de 1985 anunció una restructuración completa de su gabinete.
Llegada de Pinochet a Punta Arenas. Pensaba estar en la región dirigiendo el gobierno nacional hasta el 9 de marzo.
Como una manera de hacer efectiva la publicitada e incomprendida descentralización del país, a mediados de febrero se conoció la noticia de que el general vendría con todos sus ministros a la región. Pinochet instalaría su gobierno en Punta Arenas donde ejercería el poder desde el 2 al 9 de marzo. Aquí entregaría algunas poblaciones, inauguraría algunas obras de importancia, firmaría varias resoluciones y decretos, y lo más importante, evaluaría los distintos problemas regionales. En los días previos, la CNI y Carabineros dieron cuenta de miles de panfletos de propaganda subversiva de contenido marxista. Para dar una señal de que las autoridades estaban preparadas para enfrentar un nuevo ‘Puntarenazo’, los elementos de seguridad detuvieron a los dirigentes vecinales Armando Gómez Sotomayor y Juan Vidal Adio, relegado a Puerto Cisnes el primero y, a quince días en el calabozo de la policía uniformada, el segundo.
Finalmente, Pinochet llegó a Punta Arenas con su mujer Lucía Hiriart al mediodía de un lluvioso sábado 2 de marzo. Aunque no llegaron los titulares de Interior, Ricardo García; de Hacienda Hernán Büchi y de Economía, Modesto Collados, lo acompañaban trece ministros: el vicealmirante Patricio Carvajal de Defensa; Horacio Aránguiz de Educación; brigadier general Bruno Siebert de Obras Públicas; Jorge Prado de Agricultura; general inspector de Carabineros, René Peri Fagerström de Bienes Nacionales; Alfonso Márquez de la Plata, de Trabajo y Previsión Social; Winston Chinchón de Salud; Samuel Lira de Minería; Miguel Poduje de Vivienda y Urbanismo; general de brigada aérea Enrique Escobar de Transportes y Telecomunicaciones; brigadier general Enrique Hormazábal de CORFO; teniente general Hernán Brady de la Comisión Nacional de Energía; y los subsecretarios, Alberto Cardemil de Interior; Alicia Cantarero de Justicia; coronel de ejército Carlos Krumm de la secretaría general de gobierno y el coronel de ejército Ramón Castro, de la secretaría de la presidencia.
En el salón de plenarios de la torre de gobierno, Pinochet escuchó en la tarde la exposición de catorce puntos preparada por el intendente Danús sobre las principales necesidades regionales. Se requería principalmente aumentar de 45 millones a 350 millones de pesos la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) sólo para ese año, una cifra ciertamente inalcanzable, además, de tratar una serie de proyectos como la construcción de un nuevo muelle, la habilitación de la planta de metanol y la situación financiera de la Universidad de Magallanes y del Instituto de la Patagonia. En la mañana del domingo 3 de marzo, Pinochet y su mujer se trasladaron a San Gregorio, donde el alcalde Alcides Lagos, los distinguió como Ciudadanos Ilustres.
Un día después el terremoto que afectó a la zona central del país, obligó a Pinochet a cancelar la gira y volver con sus ministros a toda prisa a Santiago.
El general volvió a Punta Arenas en la tarde de ese día. Estaba en la habitación de su hotel cuando se enteró del terremoto que desde las 19,47 horas devastaba San Antonio, Melipilla, algunas localidades de la sexta región y producía daños irreparables en sectores históricos de Santiago y Valparaíso. A medianoche tomó la decisión de interrumpir su gira a Magallanes y retornar de inmediato a la capital, con todos sus ministros y subsecretarios. A las tres de la madrugada del lunes celebraba un gabinete extraordinario para adoptar las primeras medidas de emergencia.
La venida a Magallanes no sirvió de nada. Al contrario, en lugar de avanzar en un programa de entendimiento para lograr la recuperación económica y social de la región, Pinochet buscaba ahora, entre las ruinas de Santiago, distintas formas para reconstruir la zona central del país, incluyendo un importante recorte a las pensiones de los jubilados.
