El próximo 14 de enero, el Ministerio de Energía y Minería entregará el resultado de las empresas que se adjudicarán el derecho a explotar y comercializar un total de 400 mil toneladas de litio en los salares del norte del país hasta el 2050. La concesión del llamado “oro blanco”, un codiciado mineral que permite la fabricación de energías sustentables en un contexto de crisis climática mundial, será un obstáculo para la Convención Constitucional que buscará definir el futuro de los recursos naturales del país, y también para el Gobierno de Boric, que pretende crear una Empresa Nacional del Litio encargada de administrar este recurso estratégico.
A casi dos meses de dejar el poder, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está ad portas de ceder el derecho de producción de 400 mil toneladas de litio a empresas privadas nacionales e internacionales.
El territorio chileno goza del 44% de las reservas de litio de todo el mundo. Escondido bajo los salares del desierto de Atacama, este suave y brillante mineral es cada vez más cotizado en el mercado internacional, pues se trata de un elemento esencial de las baterías que dan vida, por ejemplo, a los vehículos eléctricos. Así pues, la fascinación por el litio se enmarca en un contexto donde los países requieren de manera urgente transitar a economías sustentables, con el fin de combatir la crisis climática que afecta al planeta. Para ello, resulta fundamental sustituir los combustibles fósiles por energías limpias como las que proporciona el litio.
La importancia de este mineral, entonces, radica en que es un recurso natural estratégico del Estado de Chile, el cual resultará vital para el bienestar no sólo de los ciudadanos chilenos, sino también de todo el mundo.
Y, sin embargo, el próximo 14 de enero, el Ministerio de Energía y Minería anunciará el nombre de las empresas del sector privado que estarán facultadas para explotar y comercializar litio metálico en yacimientos nacionales por un total de 29 años.
De acuerdo a las bases del concurso, las 400 mil toneladas que serán licitadas están divididas en cinco cuotas equivalentes a 80 mil toneladas cada una. Eso sí, las empresas tenían permitido presentar hasta dos cuotas. Por ello, ninguna podrá adjudicarse más de 160 mil toneladas.
Hasta la fecha, sólo quedan cinco compañías en competencia: BYD Chile, Albemarle, Cosayach Caliche, Servicio y Operaciones Mineras del Norte, y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Esta última, ligada a Julio Ponce Lerou (quien aún es accionista del 30% de la empresa), ex yerno de Pinochet y protagonista de los casos de corrupción más vergonzosos de las últimas décadas (Caso Cascadas y el financiamiento ilegal de la política), es actualmente la principal compañía que produce litio en los salares del norte del país. Tanto así que SQM concentra una quinta parte de la explotación de este metal a nivel mundial. Cada año, la compañía explota 140 mil toneladas de carbonato de litio. Y este 14 de enero, la empresa podría aumentar esta capacidad. De manera que está en las manos del gobierno de Sebastián Piñera la decisión sobre otorgarle un mayor dominio a SQM respecto al “oro blanco” de nuestro país.
Un aspecto que ha sembrado la desconfianza ante la licitación que concederá el Ejecutivo es la rapidez en la que se ha desarrollado un proceso que compromete nada menos que el futuro de uno de los recursos naturales estratégicos que ostenta Chile.
“Es muy poco tiempo para una licitación de esta naturaleza. Fue hecha sumamente a la rápida”, advirtió en La Segunda el académico de ciencias de la Universidad de Chile y ex integrante de la Comisión Nacional del Litio, Gonzalo Gutiérrez. Y es que, a fin de cuentas, las postulaciones apenas comenzaron el 13 de octubre; luego, el 17 de diciembre, dos días antes del balotaje, concluyó el periodo de las empresas para presentar sus ofertas; y finalmente, en casi dos semanas más, ya se conocerán las empresas que recibirán la adjudicación.
Es por ello que el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, incluso deslizó la idea de que la celeridad que se le ha dado a esta licitación responde a un interés oculto de Sebastián Piñera para beneficiar, una vez más, a su familia.
“Llama la atención el apuro de Piñera y su gobierno de apurar la licitación del litio. Temo que estamos frente a un nuevo Proyecto Dominga y el fraude de Latam donde los únicos beneficiados ha sido la familia Piñera”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.
El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, respondió a estos cuestionamientos argumentando que Chile se ha estancado en cuanto a producción de litio dentro de la economía mundial. En esa línea, considera que la licitación a empresas privadas permitirá potenciar la extracción de este metal, con el objetivo de que el país se sitúe nuevamente como la primera potencia productora del mundo.
“Los números muestran que Chile en 2016 era el mayor productor del mundo. Teníamos un 36% del mercado y ahora si uno mira los números de Cochilco, estamos con un 31% de la producción, siendo el segundo país porque Australia nos pasó. Si seguimos así, para el 2030 tendremos el 17% de participación”, señaló el titular de la cartera de Minería en La Tercera.
El propósito final que describe el Ejecutivo sobre potenciar la producción de este recurso natural es, sin duda, apremiante. No obstante, el Gobierno omite de forma grosera que la licitación que lleva adelante se enmarca en medio de un proceso constituyente que buscará, justamente, otorgarle un nuevo valor a los recursos naturales que componen nuestro país. De este modo, los contratos a los que suscribirán las empresas se transformarán en verdaderos obstáculos legales al momento de aplicar las normas de la nueva Carta Magna, en el caso de ser aprobada.
“Las decisiones que toman los gobiernos son eminentemente políticas y eso es muy válido. Sin embargo, estas deben también estar en sintonía y coincidencias con el contexto social y político del país”, señaló Esteban Velázquez, diputado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja.
La concesión que entregará el Ejecutivo desconoce el proceso constituyente que vive el país. Esto es particularmente grave, ya que la Convención es la instancia donde se responderán preguntas claves con respecto al futuro del metal blanco. Por ejemplo: ¿cómo estará regulada la propiedad sobre la minería? ¿Las comunidades y autoridades locales tendrán poder sobre las decisiones de la actividad minera en sus territorios? ¿El agua, un recurso fundamental para la extracción de litio, será finalmente un bien público?
“Hoy está en el debate público y también en la Constituyente la revalorización y manejo de los recursos naturales. En este escenario, resulta sorprendente e inaceptable que el gobierno esté más preocupado de dejar atado con contratos un recurso tan estratégico como el litio”, acusó Velázquez, quien además es senador electo por la Región de Antofagasta.
El tema de los contratos al que suscribirán las empresas licitadas es un tema que preocupa al abogado experto en políticas públicas, Julio Salas, pues advierte que en realidad son un “vale vista” en el marco del proceso constitucional. El ex candidato constituyente explica que, cuando el Estado decida aplicar las normativas de la nueva Carta Fundamental, estará obligado a indemnizar a las empresas concesionarias por el hecho de incumplir las condiciones pactadas de antemano a través de los contratos.
“Uno esperaría que el ministro Jobet tenga la decencia de bajar la licitación porque resulta completamente impresentable, sabiendo además el inversionista nacional o extranjero que participe de esta licitación que lo más probable es que haya una modificación sustantiva en las reglas del juego, por lo tanto, esta licitación no es del litio, sino de un vale vista para el cobro de una indemnización para el privado cuando se cambie la normativa respecto del rol del Estado subsidiario que viabilice la explotación del litio a través de una empresa pública”, afirmó el abogado en conversación con el Diario U. de Chile.
El anuncio por parte del Ejecutivo sobre las empresas que se adjudicarán el derecho a explotar litio en suelo nacional hasta el 2050 ocurrirá a menos de dos meses de que el presidente electo, Gabriel Boric llegue a La Moneda, es decir, en pleno periodo de traspaso del mando presidencial.
Ante la irresponsabilidad del Ejecutivo en llevar adelante una licitación de tal envergadura en este contexto político, Giorgio Jackson, jefe político de la candidatura de Boric, informó que desde el comando ya solicitaron al gobierno de Sebastián Piñera postergar esta concesión.
“El Presidente electo junto con los equipos que han venido trabajando el tema le han comunicado también al Gobierno en ejercicio que nos parecería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis”, aseguró.
Jackson argumentó esta petición señalando que “han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el gobierno entrante, el que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas tanto en tiempo como de forma y de fondo, en la licitación que está ocurriendo actualmente”.
Pero además de esos “problemas”, es un hecho que la licitación que otorgará el Ministerio de Energía y Minería va en la dirección opuesta a la que propone el futuro gobierno de Gabriel Boric: mientras Sebastián Piñera busca concesionar a empresas privadas para la actividad de explotación y comercialización del litio, el proyecto de Apruebo Dignidad pretende crear una empresa estatal encargada de administrar este mineral.
“El litio es el mineral del futuro”, sostuvo Gabriel Boric durante la campaña de segunda vuelta. Por ello, expresó que Chile “no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos”, en alusión al modelo extractivista que impera en nuestro país, un legado que dejó la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que posteriormente fue profundizado por los gobiernos de la ex Concertación.
