En Chile existen más de 42 mil ONGs que impulsan diversas causas y agendas, entre ellas la ecologista, y en definitiva actúan a su manera como un gran órgano de presión tanto para el gobierno como para la población.
Bajo el paraguas del concepto Organización No Gubernamental, empresas, grupos financieros, loobys extranjeros, logran imponer su propia agenda en el territorio nacional. Y, por lo general, se trata de agendas muy cargadas.
Todo esto ha quedado mostrado y demostrado a lo largo de los años mediante investigaciones y reportajes que han revelado este escenario en el cual el apoyo financiero lubrica propósitos más profundos que los manifestados en una campaña publicitaria.
Chile es objeto por estos últimos años de un poderoso lobby, quizás uno de los mayores del planeta, para que el gobierno acceda a convertir gran parte de su geografía en un enorme parque nacional.
A principios de los 90 el millonario Douglas Tompkins arribó a Chile seducido por su paisaje mucho más que por su historia y su cultura. Su visión resultaba por lo menos extraña para la clase política de entonces y observó a Tompkins como un magnate excéntrico. Pero Tompkins acariciaba un estricto plan que con el tiempo comenzó a desplegarse sobre el mapa del país.
Lo que no sabíamos entonces y sabemos ahora es que una ONG puede ser el recipiente de ideas muy descabelladas, otras razonables e interesantes y algunas muy convenientes.
“No sólo hay empresas que financian ONGs, también existen ONGS financiadas por narcotraficantes, entonces tenemos que ser cuidadosos en este sentido”, explica a este medio el diputado Miguel Angel Calisto.
El diputado Calisto ha presentado ante la Comisión de Gobierno Interior un proyecto que apunta a regular y transparentar el origen de los fondos que sustentan a las ONGS, un dato que aunque debería ya estar sobre la mesa no siempre es claro.
“El proyecto busca principalmente que se obligue a las ONGs a transparentar sus ingresos y cuál es el origen. Esto es relevante además porque muchas de ellas se oponen a toda actividad productiva que se realiza en Chile. Por lo que debemos estar atentos y preocupados de no afectar la actividad económica del país y potenciar nuestras actividades”, expresa.
No está mal recordar, por ejemplo, que detrás de ONGs como Oceana y Greenpeace, se encuentran la apellidos como el de la familia Rockefeller y empresas como la marca de ropa Patagonia. Y la lista sigue y se vuelve más compleja por el alcance de sus intereses.
“Es legitimo, por supuesto, absolutamente, que tengan la libertad de realizar sus campañas, pero también es legítimo conocer el origen de sus fondos”, agrega el legislador.
Al diputado le preocupa que la agenda de algunas de las organizaciones más poderosas terminen colisionando con el desarrollo de Chile en general y de la Patagonia en particular.
“Por ejemplo, si estamos ante una campaña por una Patagonia sin salmoneras, yo puedo interpretar que podrían estar detrás las empresas noruegas, y es legítimo pensarlo. Es importante saber cuál es su motivación (de las ONGs)”, señala.
El proyecto de Calisto ha recibido amplio apoyo y ahora espera la instancia de su tramitación para convertirse en ley de la República.
“Hay bandas de narcos que tienen ONGs y existen ONGS que operan en la zona de la Araucanía con fondos nacionales o internacionales”, sigue.
“Tenemos que ser muy claros y estar atentos respecto de las señales que emiten algunas ONGS por el ataque constante contra todas las actividades productivas y especialmente en Magallanes, donde entendemos que el único objetivo es convertir todo en Parques Nacionales, anulando el rol que tienen las familias que viven allí”, suma.
“No tengo reparos en que se exijan impuestos territoriales en las regiones donde haya más afectación por parte de las salmoneras, pero en ningún caso eliminarlas. Un importante porcentaje de la población vive de la actividad y lo mismo ocurre con la ganadería. No estamos hablando sólo de economía hablamos de culturas que pueden perderse”, subraya.
Calisto recuerda cómo golpeó profundamente a la cultura local la compra y despoblamiento de grandes extensiones de territorio en la región de Aysén.
“El parque creado por Tompkins también ha eliminado la actividad ganadera en la zona del río Baker, donde vivían campesinos que tienen historia, han hecho patria y que son chilenos. Es un atentado cultural. Ahora ahí viven sólo norteamericanos, alemanes y otros extranjeros que no hacen actividad ganadera, no viven del campo, pero tienen recursos económicos de sus ONGs. Ellos tienen ahora el placer de observar la naturaleza mientras que los campesinos fueron despojados y obligados a abandonar el campo”, expresa.
La paradoja es cruel, recuerda el legislador.
“Pediría que no nos olvidemos de nuestras actividades, de nuestras la formas de vida vinculadas a la acuicultura, la pesca blanca, a nuestro litoral. Esto pasa en Aysén y en Magallanes, donde estos trabajos también representan nuestra identidad cultural. Debemos observar con preocupación a aquellos que promueven la conservación y son absolutistas, que no les importa comprar terrenos y pasar de lado a los campesinos”, concluye.
