El proyecto que presentará el Gobierno para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por otro sistema de financiamiento para la educación superior abordará la situación de todos los deudores, incluyendo la condonación de deudas.
Este es un tema que ha mantenido en suspenso a cerca de dos millones de personas que, durante años, han escuchado repetidamente un compromiso que se ha postergado por otras prioridades más urgentes y que ahora la administración del Presidente Gabriel Boric pretende cumplir.
Aunque aún no se conocen los detalles del bullado proyecto que será ingresado próximamente al Congreso, la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, adelantó este lunes que «va a abordar el universo total de los deudores, y va a tener distintas soluciones entre condonaciones y otras medidas para poder abordar esta realidad de manera justa, que es el principio básico que sostiene la propuesta».
«La idea es presentarlo en septiembre, pero lo prioritario es que podamos esclarecer todas las dudas con los parlamentarios y que podamos ya ingresarlo en las próximas semanas», advirtió la autoridad.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró que el objetivo no está enfocado en una fecha de presentación, sino en que la propuesta pueda ser aprobada. Asimismo, puntualizó que el texto debiera ser ingresado en octubre al Congreso Nacional, después de la Ley de Presupuesto 2025.
Aquello, no obstante que los detalles pudiesen ser informados públicamentes antes, como posiblemente ocurra en la cadena nacional del Presidente Gabriel Boric post Fiestas Patrias.
Con todo, el ministro Cataldo también adelantó algunos lineamientos, que consideran posturas planteadas por la derecha: «Una de las cosas que hemos recogido de la oposición es que ellos ven necesario el dar un incentivo a aquellos estudiantes que han tenido buenos comportamientos de pago, que se han logrado mantener con sus pagos regulares y al día, y a ellos queremos ofrecerles alternativas con el esquema de reorganización de la deuda«.
«También queremos hacernos cargo de aquellos casos socialmente urgentes: cómo no abordar el problema de aquellos estudiantes que son morosos porque tienen ingresos por debajo del salario mínimo y que tuvieron que desertar porque no pudieron terminar su carrera por distintos motivos», explicó también.
La convicción del Ejecutivo es que el CAE se convirtió en una política insostenible tanto para las familias como para el Fisco, puesto que, si el estudiante no puede pagar o no lo hace deliberadamente, el Estado debe hacerse cargo.
