La Comisión Regional de Uso de Borde Costero, presidida por la gobernadora Andrea Macías (PS), que integran 36 miembros, rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) por un total de 621 mil hectáreas de mar en Aysén.
Durante cuatro horas se escucharon los argumentos con los cuales los participantes llegaron a la conclusión de un voto negativo a la macro solicitud de comunidades descendientes de pueblos originarios.
Entre los fundamentos se escucharon tanto las visiones del sector pesquero, salmonicultores, funcionarios y organizaciones solicitantes, entre otros.
Por abrumadora mayoría los integrantes de la comisión rechazaron la posibilidad de entregar una parte sustancial del mar a grupo de 37 personas para que estas las administren bajo parámetros que nunca estuvieron del todo claros.
Entre los motivos de peso llamó la atención el escasamente transparente método de trabajo utilizado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para definir la entrega de las miles de hectáreas de mar a un conjunto de personas.
A lo largo del encuentro representantes de diversas comunidades locales revelaron que no fueron consultados por el organismo y que no estaban enterados sobre qué parámetros fueron empleados para determinar las dimensiones graficadas en su polémico informe.
Por su lado, representantes del universo de la pesca y la salmonicultura explicaron las graves consecuencias que una decisión positiva podría acarrear para la economía de Aysén al limitar su uso y dejarlo en manos de un grupo de familias.
Esta semana el propio ministro de economía del gobierno de Gariel Boric, Nicolás Garay reconoció que la ley Lafkenche, en el
marco de la cual se pretendía la disposición de esta enorme fracción de mar, estaba generando conflictos en el sur del país.
Durante la reunión fueron mencionados los escasos días que los funcionarios de la CONADI dedicaron a conocer y recorrer la zona para después tomar una decisión tan trascendental, la falta de participación de numerosas comunidades involucradas de manera directa, los cambios notorios en las listas de presuntos solicitantes, algunos de los cuales no estaban enterados de su inclusión uno de ellos incluso ya fallecido; y la sombra de una visión centrista sobre el territorio nacional que podría provocar un cambio profundo en el escenario económico regional.
“El Consejo del Salmón manifiesta su aprecio por la prudencia y mesura que han prevalecido en la reciente definición que tuvo lugar en la región de Aysén relacionada con la ley Lafkenche que rechazó las solicitudes de EMCPO de Isla Huichas y Cisnes”, señaló en un comunicado Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón.
“Nos alivia esta decisión en aras de
resguardar el bien común, reflejando el espíritu y la razón de ser primigenia de dicha legislación”, agrega.
Tenemos la convicción de que la Conadi debe reforzar la rigurosidad y la transparencia de sus procesos para resguardar la integridad de las solicitudes que se presenten en el futuro, entregando los recursos que sean necesarios para ello”, indica.
“Nos comprometemos a continuar fomentando el diálogo con los habitantes de las zonas donde operamos, con el objetivo de proyectar la salmonicultura hacia un futuro sostenible en la zona austral”, sigue.
“Asimismo, respaldaremos las instancias destinadas a mejorar la ley Lafkenche, que, aunque bien intencionada, presenta falencias en su aplicación”, dice.
“Estamos a disposición de todas las instancias, como el Senado o la Comisión por la Paz y el Entendimiento, para colaborar en la subsanación de las deficiencias de esta normativa. Nuestro propósito es lograr que la
Ley Lafkenche sea más clara, evitando abusos y orientándola hacia el bien común sobre intereses particulares”, señala.
De este modo, fueron rechazadas las solicitudes de la comunidad Pu Wapi (27 personas, 23 familias) de la comuna de Guaitecas por una superficie de 227.272 hectáreas (“ECMPO Cisnes»); y la realizada por
la comunidad indígena Antunen Rain (11 personas, 9 familias) que reclamaba 393.945 hectáreas (“ECMPO Islas Huichas»).