Según parte del informe “los antecedentes recabados permiten apreciar un posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión de organismos técnicos”. Al mimso tiempo, señala que “también una vinculación política o cercanía afectiva, constituyendo así un potencial mecanismo de desvío y defraudación de fondos públicos”.
El informe se refiera a su vez a una intrincada red de empresas, aludiendo lo siguiente: “Se evidenció la existencia de una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes, cercanos o excolaboradores de ProCultura, que ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de recursos públicos transferidos”.
Por otra parte, se hace expresamente referencia a una externalización de servicios: “Gran parte de las actividades contempladas en los convenios no fueron ejecutadas directamente por la fundación, sino que fueron externalizadas hacia diversas empresas privadas, constituyendo en algunos casos situaciones altamente sospechosas, debido a la estrecha vinculación que esas empresas mantienen con personeros clave de ProCultura. Estos hallazgos apuntan claramente a una metodología recurrente, consistente en la presentación de cotizaciones que involucran empresas propiedad o vinculadas directamente a directivos, funcionarios o excolaboradores”.
También se dice que la modalidad predominante mediante la cual ProCultura accedió a fondos públicos fue la denominada ‘asignación directa’, comúnmente referida como ‘convenio express‘.
En el caso del gobernador de Magallanes, Jorge Flies, se señala expresamente que: “Flies sostuvo diálogos y comunicaciones informales reiteradas con Larraín relacionadas con la agilización de pagos y recursos públicos asignados a ProCultura, en donde este último le hace ver que tuvo conversaciones con el Presidente de la República (…) sobre la materia. La ausencia de abstención y de una declaración formal sobre estos vínculos constituye una omisión administrativa grave, que puede generar la percepción fundada de falta de imparcialidad y potencial conflicto de interés”.
En el caso de todos los gobernadores investigados, la comisión aduce que «existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación ProCultura. Estas omisiones se traducen en decisiones administrativas tomadas sin que mediara una adecuada declaración de inhabilidad, poniendo en cuestión la transparencia y objetividad del uso de recursos públicos”.
Una de las conclusiones más preocupantes obtenidas por esta comisión, señala el texto, dice relación con la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados irregularmente a ProCultura.
Según el propio escrito, el caso deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales.
