La proliferación de cables en desuso sigue siendo un problema significativo en Punta Arenas, y también en otras ciudades de Chile, pese a la promulgación hace casi cinco años de la Ley 21.172, que establece sanciones para las empresas que no retiren los cables inutilizados. La falta de un reglamento para implementar esta normativa ha dejado la ley en el papel, sin un efecto real.
Cabe señalar que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) no ha completado el reglamento necesario para la aplicación de la ley. Aunque la Subtel afirma que el reglamento fue ingresado a la Contraloría para su revisión, esta última sostiene que el documento fue retirado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en mayo, según señala La Tercera.
A pesar de la ausencia del reglamento, la Subtel asegura que las municipalidades tienen herramientas para retirar la “chatarra aérea” de telecomunicaciones. No obstante, el problema ha cobrado relevancia recientemente, ya que los cables en desuso complicaron cualquier tipo de trabajo por factores climáticos, o simplemente por la visual que son un verdadero espanto para el paisaje de cualquier ciudad
Así las cosas, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca mitigar las externalidades negativas de los cables en desuso en la vía pública, proponiendo un aumento de las multas para las empresas que no los retiren, incrementándolas de 100-1000 UTM a 300-1500 UTM.
Los parlamentarios han destacado el aumento del robo de cables, un delito que creció un 20% en 2023, afectando a más de 550 mil hogares en el último año. Este tipo de robo no solo deteriora el entorno urbano, sino que también aumenta el riesgo de accidentes e incendios. Ni hablar de que hasta los turistas sacan fotos en diversas intersecciones de la capital regional de Magallanes para dejar registro de lo ridículamente feo que se ve el sector central de la ciudad. Promesas más, promesas menos, las autoridades comunales aunque se comprometieron año a año a arreglar este problema, lo cierto es que no han hecho nada concreto desde hace años hasta los días de hoy.
El proyecto de ley enfatiza tres puntos clave: la responsabilidad de las empresas en la preservación del espacio público, la actualización de las sanciones y la urgencia de establecer un reglamento claro para la aplicación de la ley.
