La Asociación de Salmonicultores de Magallanes envió al gobernador regional, Jorge Flies, un documento en donde cuestiona, con amplitud de datos y argumentos, la solicitud de más de 24 mil hectáreas a una familia descendiente de la etnia kawésqar.
A través de su directora, Francisca Rojas, el texto apunta a las numerosas faltas del proceso que desembocó en este reclamo por parte de la comunidad AsWal Lajep. Entre ellos la ausencia de un recorrido por parte de los funcionarios aplicados a la labor por las zonas en cuestión, la escasa representatividad de las demás comunidades en las reuniones convocadas por la autoridad para definir los alcances de los Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO), la discutible visión de futuro en tanto sector productivo tomando en cuenta que allí confluyen la pesca artesanal, la salmonicultura, el turismo y el tránsito naviero.
Después de detallar sus argumentos, Rojas solicita al gobernador que sean tomados en cuenta en los próximos encuentros.
Hace unas horas, la Asociación de Prestadores de Servicio a la Industria Acuícola (Apsia A.G) hizo conocer por su lado una carta pública donde alerta que se encuentran en peligro alrededor de “10 mil puestos de trabajo” si se acepta el reclamo de la comunidad.
“Que, habiéndose sometido a la decisión de la CRUBC el establecimiento del Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios Península Muñoz Gamero (“ECMPO PMG”), solicitado por la Comunidad Indígena AsWal Lajep el 22 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 8 de la Ley N°20.249, vengo en hacer presente antecedentes que deben ser tenidos a la vista por la señalada CRUBC al momento de resolver, y que solicito que la Secretaría Técnica ponga en conocimiento de los integrantes que la componen”, señala Rojas, directora de la asociación.
“Lo solicitado afectará y perjudicará el desarrollo de la región, en especial, en lo que se refiere a la pesca y acuicultura, y así lo han informado en este proceso las autoridades sectoriales”, indica en otro párrafo.
“La Península Muñoz Gamero es un amplio territorio rico por biodiversidad y donde se desarrollan actividades, tales como la Pesca artesanal y la acuicultura principalmente”, señala.
“Respecto de la solicitud ECMPO para este sector en particular, se debe señalar que los fines de la comunidad Kawésqar As Wal La lep, son plenamente compartidos, dado que el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de dicha comunidad y la protección de los ecosistemas representa la permanencia de su cultura en el tiempo así como la sustentabilidad de los recursos presentes en dicho sector, no obstante ello, no se puede desconocer que sectores del ámbito pesquero y acuícola, también forman parte del uso de dicho territorio, sin duda la pesca es más antigua que la acuicultura, y por lo tanto resulta necesario relevar la armonización en los usos de dichos territorios, para todas las actividades en su conjunto en el borde de la Península Muñoz Gamero, y que a su vez éstas sean capaces de ser sostenibles en el tiempo”, sigue.
Por otro lado, Rojas subraya los incumplimientos respecto del proceso que culmina en este pedido de más de 24 mil hectáreas.
“La consulta a otras comunidades que desarrolló CONADI no dio cumplimiento a los estándares que la normativa vigente ha establecido para su realización, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley N°20.249”, recordó.
“Lo primero que llama la atención de dichas reuniones, es que la realizada en la ciudad de Puerto Natales, contó con una presencia casi exclusiva de la comunidad solicitante. Ello, puesto que, de los ocho asistentes a la reunión, cinco son integrantes de la comunidad solicitante AsWal Lajep, dos son representantes de CONADI y sólo uno de una comunidad de las que correspondía ser consultada, la ‘Comunidad Residentes Río Primero’. Así, otras ocho comunidades quedaron excluidas de participar en la consulta”, suma.
Respecto de las pericias científicas para establecer parámetros geográficos y radio de influencia cultural también el documento expresa sus preocupaciones.
“El trabajo de campo no incluyó visita alguna a los lugares acreditados: Ello puesto que el equipo no se embarcó, no visitó los sectores solicitados y no conoció la zona cuyos usos consuetudinarios acreditó”, subraya.
“Además, los usos consuetudinarios que deben ser acreditados son aquellos propios de la comunidad solicitante, y no los de sus antepasados u otros grupos de la misma etnia o pueblo”, apunta.
“No se cumple con el requisito de identificar sitios de significancia cultural para la delimitación de las zonas en que se realizan los usos consuetudinarios”, explica.
