Por Coordinadora Social de Magallanes
“La burocracia del CORE y de la Intendencia Regional de Magallanes está dejando sin agua y leña a 700 familias en Punta Arenas”
“Por eso buscamos un cambio de este sistema: porque los mismos políticos decidiendo los presupuestos de la región por años, terminan mecanizando sus procesos y olvidando que están para servir a personas”, señalaron desde la organización regional.
Cuando en todo Chile la Revuelta Popular y las distintas organizaciones del territorio levantaron y adhirieron a la consigna “hasta que la dignidad se haga costumbre”, no fue por populismo, porque suena bien en campañas políticas, o para obtener adherentes a luchas sociales. Lo hicieron porque en nuestro país todavía la dignidad, es el privilegio de una élite.
Así quedó en manifiesto esta última semana con la abierta vulneración de derechos, nulas condiciones sanitarias, y precariedad de servicios básicos con la que subsisten vecinos y vecinas del sector periurbano de la capital regional: familias magallánicas y migrantes, quienes a solo media hora de la Plaza de Armas Muñoz Gamero y la Intendencia Regional, les sigue faltando todo.
Según explicaron el pasado sábado en asamblea abierta de la Coordinadora Social de Magallanes, las dirigentas María Rosa Gallardo y María Perkic, a pesar que desde el mes de enero de este año iniciaron las gestiones junto a agrupaciones vecinales para financiar agua y leña a través de los fondos del Gobierno Regional, para sostener un invierno patagónico siempre presente con inclemencias climáticas, este proyecto se vio retrasado ya que el Consejo Regional (CORE) rechazó el proyecto por considerar que el costo de la leña era excesivo, ya que estaba cotizado en $1 mil 200, valor que finalmente quedó en $ 900.
Lo alarmante de este hecho, es que a dos semanas de que comience el invierno pleno, aún los pobladores de Rincón Chileno, Sendero Andino, Villa María, Ignacio Carrera Pinto, Ojo Bueno, Monte Verde Alto y Bajo, y Pampa Redonda, no cuentan con una respuesta por parte de la Intendenta Regional Jenniffer Rojas, con respecto a cuándo se les otorgará este beneficio que busca auxiliar a cerca de 700 familias, en donde se incluyen niños/as, adultos/as mayores, y personas postradas, que en este momento están sufriendo las bajas temperaturas y viviendo en condiciones sanitarias angustiosas en plena pandemia.
Consultada al respecto la dirigente María Rosa Gallardo, señaló: “Lo terrible de ser dirigente de este sector, es tener que estar mendigando ayuda que no llega. Hace más de 20 años que venimos solicitando derechos para tener una vida digna, que sin embargo parecen un privilegio y que son tan elementales como: pavimentación, alcantarillado y servicio básicos”.
Así también lo afirma la dirigenta María Perkic, quien protestó: “En nuestro sector tenemos una gran cantidad de familias con niños que carecen de internet, y que para acceder a sus clases lo tienen que hacer desde un celular. La verdad que nosotros vivimos desde hace 20 años un total abandono por parte de la autoridad”.
Entendiendo la urgencia de estas denuncias, que deben ser solucionadas en su totalidad, es que se contactó con activistas del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), con quienes se estudiará la presentación de una demanda jurídica por vulneración de derechos fundamentales, como el acceso al agua.
Desde la Coordinadora Social de Magallanes en tanto, efectuamos un firme llamado a las autoridades regionales a empatizar con sus vecinos y vecinas y acelerar las gestiones que como servidores públicos, deben efectuar no solo con premura, sino también con sensatez: la calidad de vida de nuestros conciudadanos no se puede regatear, ni postergar por 300 pesos.
