Por Claudio Andrade
Hay derechos y derechos.
Algunos quedan en la obviedad o en la indiferencia hasta que alguien dice lo contrario.
Justo lo que está pasando en este tiempo.
Hasta que llegó la cuarentena, producto de la pandemia de coronavirus, ir y venir por Chile, era relativamente barato y sencillo.
Si el pasaje aéreo se compraba con anticipación habían descuentos ridículos que lo dejaban en un valor simbólico.
Pero todo esto se acabó con la propagación del virus. Y las medidas preventivas sanitarias se convirtieron en fuertes restricciones y, finalmente, las restricciones en la negación del derecho a movilizarnos por nuestro propio país.
De salir ni hablemos.
Qué dice la Constitución Nacional. El número 17 indica: «Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros».
En relación a la normativa se refiere directamente a las pruebas de identidad y condición judicial del habitante, pero cuando hablamos de «perjuicio de terceros», se puede invocar a la salud pública. En eso estamos y es muy discutible en sus formas.
¿Qué ocurre cuando, en pandemia, los elementos científicos a la mano prueban que una persona no está contagiada (test de PCR y de saliva, más declaración jurada de síntomas) y entonces no queda afectada la integridad de los terceros?
¿Se debe mantener la restricción de movimiento en el propio país?
¿Es legal? ¿Es constitucional?
Los magallanicos, por ejemplo, que viven rodeados de montañas, mar, ríos y campos, ¿En serio no pueden salir a recorrer la propia geografía amplia, despojada de contaminación, que los parió o los ha recibido?
Si una persona viene a Chile del extranjero debe presentar al llegar: un 1 test PCR del país de origen, 1 declaración jurada de que no se tienen síntomas de Covid hecha también en el país de origen, 1 declaración jurada para Chile antes de viajar, 1 declaración jurada en el aeropuerto de corta duración para movilizarse a una residencia o hotel; debe realizarse otro test PCR en el mismo aeropuerto, contestar 1 cuestionario completo sobre sus síntomas a un agente, completar 1 formulario con datos personales; luego será trasladado en un bus hasta un hotel donde transcurrirá cinco días en completo aislamiento, al quinto día se le entregará 1 certificado en el mesón del hotel por el final de la primera etapa de cuarentena, y antes de salir del edificio, deberá solicitar 1 permiso en Comisaría Virtual para transitar y moverse a su lugar de residencia en Chile en 24 horas, donde pasará otros 5 días aislado, y tendrá que completar otra declaración jurada del Ministerio de Salud para el mismo traslado.
Todo esto será corroborado en el aeropuerto por un agente de seguridad que confirmará su estado y le solicitará el resultado de 1 tercer test de PCR para ingresar a otra región dependiendo de la fase en que esta se encuentre. Durante 14 días la persona deberá completar una encuesta sobre su estado físico. Cada uno de estos capítulos es obligatorio y se advierten multas que van de los $2 millones a los $50 millones si hay incumplimiento.
Parece mucho. Y lo es.
No solo se viola el derecho de libre movilización por el país de un ciudadano chileno o extranjero residente, se viola su derecho a la intimidad de su cuerpo, su derecho a la entrega de datos íntimos y personales, su derecho al reclamo y la queja frente a órdenes que atañen a su individualidad.
De hecho, detrás de los agentes en el aeropuerto hay militares fuertemente armados como si los ciudadanos que viajan pudieran ser objeto de sospecha terrorista o poco menos.
El gobierno puede argumentar que es en beneficio de todos, pero cuando existen poderosos fundamentos de que esa persona no acarrea virus y de que de todos modos estará aislada en su casa, atacarlo con la burocracia estatal no es más que un recurso intimidante.
Exigir lo imposible, en forma de cuestionarios, reglamentos, formularios y test (algunos que deben ser pagados por el propio afectado a casi 60 mil pesos el test) no representan otra cosa que una decisión política. Una forma de decir aquí está el poder. La experiencia indica que cuando se corrompen los derechos de un individuo, en realidad, se afectan los de todos los demás. No hay o no debería haber derechos exclusivos o según le parezca al gobierno de turno.
¿Pero cuáles son las pruebas a las que me remito?
Si en cinco días una persona se realiza tres test de PCR y saliva, además no demuestra síntomas, no tuvo síntomas, estuvo regularmente aislado en su lugar de origen y se mantendrá aislado al lugar en que se dirige, ¿Por qué debe hacer cuarentena en Santiago, a su costo o pagada por el Estado, en un hotel aislado, sin contacto con nadie, y solicitar decenas de permisos que resultan muy complejos de completar y sobre cuyos datos no se tiene ningún poder, puesto que no sabemos cómo se usarán después?
¿No es esto una violación aberrante de nuestros derechos de libertad individual y libertad de movimiento?
Es más si una persona llega al país y tuvo Covid y está vacunada con dos dosis, y no presenta síntomas y presenta un test negativo, aún así debe hacer cuarentena, llenar multitud de formularios y hacerse nuevos tests.
La salud mental y emocional de los chilenos es lo que ha sido realmente olvidado aquí.
Y mucho. Y mal.
