La instalación de plantas de procesamiento de residuos en Cabo Negro, generados por la industria del salmón, mantiene en alerta a los magallánicos ante la eventualidad que se genere una “Zona de Sacrificio” que afecte directamente a la comunidad puntarenense.
Se ha mencionado que entre quienes impulsan este proyecto estarían personas vinculadas a Promel, una empresa que en el pasado ha estado involucrada en graves situaciones que han causado daños al medio ambiente y a poblaciones aledañas a los sitios donde se emplazan sus proyectos.
Según recuerda Deutshe Welle en su artículo “Residuos tóxicos envenenan a una comunidad chilena durante 30 años”, en 1984 “el gigante minero sueco Boliden pagó a una empresa metalúrgica chilena llamada Promel (…) para eliminar unas 20.000 toneladas de lodos de fundición de las minas de cobre, plomo, plata y oro en el país escandinavo. Pero Promel no procesó los residuos. Por el contrario, los dejó desprotegidos en la zona industrial junto a la planta de procesamiento de la compañía, por aquel entonces a unos tres kilómetros de las casas de Arica”.
En 1997, la ONG Servicio Paz y Justicia examinó el polvo y detectó grandes cantidades de arsénico, plomo, cadmio, mercurio, cobre y zinc. Los resultados fueron confirmados posteriormente por un informe toxicológico del gobierno.
Según publicó la Fundación Terram, “los habitantes comenzaron a experimentar problemas de salud: irritabilidad, neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis, pérdida de memoria, cansancio, fatiga, anemia y dolores de huesos. También efectos más graves: cáncer, tos crónica. Algunos niños desarrollaron problemas cognitivos”.
El testimonio del ingeniero Tomas Bradanovic a DW es trágico: “Los niños mostraron síntomas que nunca antes habíamos visto, como extraños sarpullidos. De repente muchas madres del vecindario comenzaron a tener abortos espontáneos. Asimismo, más gente empezó a morir”.
Mientras se discutía en el Senado el proyecto “Marco para gestión de residuos y responsabilidad extendida de productor”, el senador Guido Girardi explicó que Promel “no lo hizo (ingresar los residuos suecos) comercializando residuos tóxico. Para violar la Convención de Basilea, que exige que cuando se trata de tales residuos hay que darle aviso al país destinatario, estas empresas rotulan los residuos como ‘reciclables’ o ‘valorizables’”.
Este punto es muy importante, ya que el según declaran sus impulsores, el proyecto de Cabo Negro implica el procesamiento de residuos generados por la industria del salmón, para la obtención de harina, aceite y proteína líquida. O sea, entregar valor agregado a la basura.
A su vez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y desechos, Marcos Orellana declaró a La Tercera que “la tragedia sufrida en Arica revela que el mero reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano no es garantía suficiente (…) aquí la Convención Constitucional chilena tiene un gran desafío y oportunidad”, explicando que “una articulación clara del derecho, que incorpore avances en el derecho constitucional comparado en materia ambiental, los mecanismos efectivos de exigibilidad son indispensables”.
El desafío está planteado y es deber de las autoridades y la comunidad organizada el impedir que una situación como la de Arica se pueda repetir próximamente en la comuna de Punta Arenas.
