Por Claudio Andrade
Hasta ahora ONGs militantes y radicalizadas podía darse el raro lujo de empapelar las redes con datos sesgados o directamente falsos sin que hubiera ninguna consecuencia. Sus manifestaciones públicas en rechazo a diversos proyectos empresariales tampoco habían tenido mayor repercusión en los tribunales del mundo. Eso empezó a cambiar con el dictamen norteamericano.
La sentencia puso en jaque no sólo el futuro de las protestas ilegales capaces de hacer caer una inversión y, en definitiva, una fuente laboral, sino la continuidad misma de una organización que nació como una grupo de paz para convertirse en un núcleo que emana decisiones políticas superadoras de las decisiones de los propios Estados.
El jurado la consideró responsable de difamación y de obstaculizar el avance del oleoducto Dakota Access.
Por caso, en abril de 2023 el velero Witness de Greenpeace recorrió los fiordos chilenos con una autorización para realizar turismo aunque claramente su intención era obtener información industrial y ambiental de los sectores en que operan las firmas salmoneras. En los propios videos editados por los tripulantes queda en claro que su expedición de paseo era en realidad un “trabajo” de presuntas denuncias. En Europa algunas de estas incursiones han sido consideradas directamente como labores de espionaje.
Lo cierto es que ahora Greenpeace deberá pagar un dinero que es mayor que la suma de todas las multas que ha recibido la salmonicultura en Chile. Esto en un marco donde el sector es considerado el más fiscalizado de la escena productiva nacional.
A pesar de las advertencias de los encargados de los centros de cultivo el velero se acercó a zonas que deben respetar los más altos estándares sanitarios. No hubo consecuencias judiciales. Cuando el velero llegó a Puerto Natales, la tripulación ni siquiera quiso tomar contacto con los trabajadores y representantes kawésqar que los esperaban.
En febrero pasado, Max Larraín Correa, abogado de REE Uno SpA -filial propiedad de la minera Aclara Resources- ingresó un recurso de protección contra dos vecinos de Penco. La empresa los acusa «de gestionar una cuenta de redes sociales desde donde, acusan, «han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de ACLARA»», señala un artículo de Olca.
Este tipo de recursos podrían volverse más comunes en el futuro cercano tomando en cuenta lo ocurrido en Dakota.
En 2024 Matías Asún, director de Greenpeace Chile, dejó un párrafo de alta soberbia ante la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso. El militante verde dijo: “yo al menos tengo 56 mil socios donantes, lo que me garantiza judicializar cualquier cosa que me parezca que destruya el Medio Ambiente”. Y, por si no quedaba claro el alcance de sus palabras, detalló: “garantizo que puedo agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”.
Son palabras hacen entender que este tipo de ONGs viven en una suerte de impunidad que les garantiza su pasado histórico o la eventual adhesión por parte de grupos militantes. Todo con la complicidad de parte de la clase política que no quiere entrar en polémicas con los verdes.
Pero este discutible “prestigio” y la complicidad de funcionarios les permiten ofrecen mensajes sesgados y ejecutar actos temerarios capaces de frenar la marcha de un proyecto de envergadura.
“Si bien nos complace que Greenpeace haya sido responsabilizada por sus acciones contra nosotros, esta victoria es realmente para la gente de Mandan (ciudad del Estado de estadounidense de Dakota del Norte) y en todo Dakota del Norte que tuvo que vivir con el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace”, señaló la empresa en un comunicado.
Durante años Greenpeace desarrolló un relato de la situación que se vivía en Dakota del Norte que no se ajustaba a la realidad de los hechos. La compañía llegó a publicar un sitio donde son explicados claramente los distintos puntos críticos del conflicto.
Uno de los argumentos más llamativos enarbolados por ONG refería a que fueron las madres y mujeres de la tribu Sioux las que iniciaron las protestas que bloquearon el proyecto y que ellos no estuvieron involucrados en este proceso de “concientización” social, por llamarlo de algún modo. El tribunal los encontró responsable de alimentar el discurso entre la población aborigen, entre otras cosas.
Esta misma historia hace pensar en los argumentos que también impulsan las ONGs respecto de que gran parte del territorio marítimo de la Patagonia debería ser administrado por descendientes de pueblos ancestrales. Un impulso que ha sido frenado por autoridades regionales y organizaciones de trabajadores del mar en Aysén y Magallanes.
La verdad es que el oleoducto que transporta el 5% de la producción petrolera de los Estados Unidos no atraviesa territorio de ninguna reserva sioux sino por el contrario, más de 98% le pertenece a privados y el restante es un área federal.
Por otro lado, en la misma área ya existen otras iniciativas similares y hasta hay torres de energía en el Lake Oahe que es cruzado por la instalación petrolera aunque en una zona subterránea.
La posición extrema de las ONGs verdes está siendo duramente cuestionada por militantes medioambientales que consideran que sus postulados han quedado “anticuados”. Esto aplica a su oposición a la energía nuclear y a los transgénicos.
