La presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Faride Zerán, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, hicieron un llamado a los medios de comunicación a «reflexionar» sobre su cobertura y los derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que terminó con el Gobierno de Salvador Allende e instauró la sangrienta dictadura cívico-militar liderada por el general Augusto Pinochet (1973-1990).
«Como representantes de organismos inspirados en la democracia, la paz y el respeto de los derechos humanos, (Zerán y Contreras) estiman que esta coyuntura es significativa para la convivencia nacional, por lo que plantean algunas consideraciones a fin de recordar que existen principios establecidos tanto en las normas chilenas como en tratados internacionales ratificados por nuestro país», indicó un comunicado que difundieron las entidades.
El texto detalló que ambas han sostenido «una serie de reuniones en las que abordaron la relevancia de las conmemoraciones».
«Las cabezas de ambos organismos coinciden en que hay bases de la democracia y la memoria ya consensuadas a través del trabajo impulsado desde la sociedad civil organizada, agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otras, que han contribuido con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica, especialmente la relacionada con las víctimas», señaló el documento.
«En este contexto Zerán y Contreras invitan a los medios de comunicación a cubrir los temas relativos a la conmemoración de los 50 años desde una perspectiva de derechos humanos respetuosa de estos principios que están en los códigos éticos del ejercicio periodístico. Una cobertura que vele por la dignidad de las víctimas y sus familiares al tiempo que fortalezca los principios y valores propios de una democracia cuyos medios de comunicación comparten no solo estas premisas, sino que asumen la relevancia de su rol social», enfatizó.
Durante la dictadura cívico militar, que estuvo en el poder entre 1973 y 1990, se encarceló y desapareció a disidentes del régimen de Pinochet en diversos centros de detención y torturas clandestinos a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con el informe elaborado en 2011 por la Comisión Valech, en Chile hubo 40.018 detenidos por motivaciones políticas, 3.065 de ellos muertos o desaparecidos.
