Un nuevo conflicto deberán enfrentar las empresas salmoneras en su interés de instalar una planta de procesamiento de residuos en la Región de Magallanes. Esta vez, la Corte de Apelaciones acogió a tramitación un recurso de protección, solicita que se adopten medidas tendientes a cautelar el legítimo derecho de los habitantes de la comuna de San Gregorio ante la posible puesta en marcha de dos plantas, según informaron medios locales.
El recurso fue presentado por la constituyente Elisa Giustinianovich y “plantea cuestionamientos y acusa omisiones y graves vicios de legalidad en la Declaración de Impacto Ambiental que desde julio del año pasado está siendo tramitado por la Sociedad Pesquera Landes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (Sea)”.
El documento informa que “se ha omitido de manera importante, la situación referente al detalle de la gestión y manejo de lodos (materiales residuales), toda vez que de los antecedentes arribados al expediente de evaluación, no refiere detalladamente sobre la forma en que se materializaría su traslado y tratamiento en Osorno, algo que luego -añade- fue cambiado por Magallanes y la Región del Biobío”.
Además, se exige que se considere la opinión de los vecinos del sector, “dando alguna mínima oportunidad a la comunidad de San Gregorio de otorgar su opinión sobre esta importante materia y que, en definitiva, genera el justificado temor de verse afectados a partir de los antecedentes señalados”.
Cabe recordar que esta no es la única iniciativa que se ha presentado para instalar una planta de tratamiento de residuos de salmones y ha sido cuestionada. Un similar proyecto de la empresa Australis, por más de 70 millones de dólares, provocó la presentación de un recurso de casación ante la Corte Suprema para impedir la instalación.
Entre los argumentos para el recurso, se aduce que Australis presentó Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no considerando el tamaño del alcance que tendría en la comunidad y su entorno la instalación del megaproyecto.
«Esto quiere decir que el titular declara el cumplimiento de la ley, pero no existe una evaluación rigurosa –lo que sí se da en el caso de un EIA– de los impactos que podría producir la operación del proyecto», señala una fuente de FIMA, la ONG patrocinante de la acción judicial.
«Una evaluación ambiental exigente es fundamental en este caso, porque el proyecto generará una serie de impactos para los cuales no se cuenta con suficientes antecedentes al día de hoy», agrega.
La planta se emplazaría en el borde costero de la bahía Dumestre, lugar donde se alimentan numerosas poblaciones de cisnes de cuello negro, por lo que el impacto en el medioambiente sería altamente nocivo.
También ha generado polémica la eventual instalación de dos plantas de procesamiento de residuos, el que se ubicaría dentro del loteo industrial Cabo Negro, a 28,5 kilómetros al norte de la comuna de Punta Arenas, por la ruta 9.
“Se desconocen como los impactos de esta actividad afectarían al entorno, principalmente en lo que dice relación con las emisiones que estas plantas liberarán al ambiente, considerando las circunstancias especiales del clima en la zona, ya que se menciona la descarga de Riles y olores desde las plantas y desconocemos los reales efectos que estas emisiones pueden generar impactos en la fauna y en el ambiente”, estiman una serie de organizaciones de la sociedad civil.
