El infortunio pareció ensañarse en 1997 con la administración de Ricardo Salles González. A comienzos de septiembre, se produjo el cierre de la industria chipera, un emblemático proyecto para el desarrollo económico regional, nacido en los últimos años de la dictadura cívico militar, que desde su génesis fue resistido y visto con mucho escepticismo por la comunidad puntarenense.
Se trataba de una iniciativa que contaba con capitales nacionales y que tuvo el beneplácito del gobierno de Magallanes de la época. Algunos medios de comunicación, como la revista “Impactos” que dirigía el periodista Carlos Vega Delgado, plantearon sus aprensiones sobre el proyecto. En el primer número del magazine, del 1 de octubre de 1989, se hacía una entrevista al gerente de explotación de la lenga en la región, el ingeniero comercial y abogado, Mariano Campos Ramírez, quien aseguraba que la planta de chip ocuparía entre 90 y 100 personas y el aserradero alrededor de 250 personas, para producir este último unos 18 mil metros cúbicos. Campos Ramírez planteaba que la región empleaba en ese momento a 520 personas y producía unos 12 mil metros cúbicos de madera. “Si agregáramos las molduras y la planta de tableros esto se duplicaría fácilmente”.
Recordemos que el proyecto empresarial recibió el nombre de Sociedad Magallánica de Bosques, que adquirió cien mil hectáreas para trabajar. Fue una de las primeras grandes inversiones que buscó consensuar la explotación racional de un recurso con el desarrollo científico, que contempló en una segunda etapa, la creación de un muelle multipropósito conformado por una pasarela de acceso de unos cien metros y un cabeza paralelo a la playa de 125 metros de largo.
Sin embargo, la iniciativa es recordada por dos motivos: la controversia que generó en la comunidad, enterarse que personajes públicos aparecían vinculados en un lucrativo negocio como intermediarios en la compra de bosques. Por otra parte, la llamada “industria chipera”, originó la organización de los primeros grupos ecologistas, que advertían del daño irreparable que la tala de árboles causaría al ecosistema en Magallanes.
El proyecto se transformó en uno de los mayores fracasos empresariales, luego que el temporal que antecedió al “terremoto blanco”, causara la destrucción del muelle de carga de los chips, ubicado en el sector de Bahía Catalina, en agosto de 1995.
El gobierno regional encabezado por el Intendente Salles, comprobó en la elección parlamentaria de diciembre de 1997, el crecimiento del voto de centro derecha. En aquella ocasión, fueron reelectos, los representantes de la Concertación, el senador de la Democracia Cristiana, José Ruiz de Giorgio y el diputado del partido Socialista, Pedro Muñoz Aburto, junto a los miembros del pacto Unión por Chile, el senador independiente, ex ministro del general Pinochet, Sergio Fernández Fernández y el diputado de la Unión Demócrata independiente, el abogado Rodrigo Álvarez Zenteno.
Aquella elección fue interpretada como un triunfo histórico de la Derecha en Magallanes, que puso la primera señal de alerta en que los momentos más gloriosos de la Concertación habían quedado definitivamente atrás.
Las críticas y el pesimismo parecían coludirse contra el gobierno del Intendente Salles, pese a los esfuerzos que desplegaba la primera autoridad para sacar adelante los principales proyectos de su administración. El estancamiento que se observaba en materia de nuevas inversiones, tuvo un aliado imprevisto. El verano de 1998 dejó como saldo negativo, la muerte de 840 lanares a causa de la sarna ovina en tres estancias de Tierra del Fuego y el inusual desborde de ríos en Torres del Paine, que provocó el aislamiento de más trescientos turistas en la provincia de Última Esperanza. Ese año, la detención del general Pinochet en Londres, a mediados de octubre, llegó como un bálsamo para muchas autoridades en Magallanes, noticia que consiguió aplacar y desviar la atención periodística de los verdaderos problemas que aquejaban a la región.
El Intendente Salles fue activo protagonista del denominado segundo abrazo del estrecho, el 15 de febrero de 1999, pomposa ceremonia que pretendió revivir el protocolo acontecido un siglo antes, en que los presidentes de Chile, Federico Errázuriz Echaurren y de Argentina, Julio Argentino Roca, se comprometieron, al menos en el papel, a consolidar la paz entre ambas naciones. Los hechos demostrarían lo contrario. Pronto, Chile y Argentina se involucraron en una peligrosa carrera armamentista que generó agudos roces diplomáticos.
A diferencia de sus antecesores, los presidentes Frei de Chile y Menem de Argentina, ratificaron la validez del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 que puso punto final a las diferencias de 1977-78 que estuvieron al borde de ocasionar un grave conflicto bélico.
El gobierno regional concentró su último esfuerzo en fortalecer la opción de Ricardo Lagos Escobar con miras a los comicios presidenciales de diciembre de 1999. En esa oportunidad, el candidato de la Concertación obtuvo el 47.95% de los votos contra el 47.51% del abanderado de la coalición Alianza por Chile, Joaquín Lavín Infante, lo que significó en la práctica una diferencia de escasos treinta mil votos, que obligaba a realizar un proceso político inédito en el país: en el mes de enero de 2000 hacía su estreno, la segunda vuelta presidencial.