Cinco días dio la Corte de Apelaciones de Santiago a la Armada de Chile para que retire desde el frontis del Museo Marítimo Nacional, en Valparaíso, la estatua del excomandante en jefe de esa institución, almirante José Toribio Merino Castro, uno de los cuatro miembros de la Junta Militar e instigador del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende Gossens, el fatídico martes 11 de septiembre de 1973.
El plazo perentorio se cumple el próximo viernes, si la Marina no apela al recurso de protección que dio origen al histórico fallo y que fue ingresado por víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La resolución detalla que no se puede desconocer la condición de excomandante en jefe del fallecido almirante, pero fue precisamente en ese cargo que “participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época”.
Además, precisa que la junta fue “responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad”.
El dictamen argumenta que al negarse al retiro de la estatua, la referida institución castrense “incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas”.
Para luego concluir que “la omisión recurrida deviene asimismo, en arbitraria, toda vez que no se ha erigido estatua alguna a otros vicealmirantes o almirantes de la Marina de Chile en casi 90 años y aquellos dos ex comandantes a los que se rinde homenaje a través de monumentos, Lord Thomas Cochrane y Manuel Blanco Encalada, son personajes históricos que sirvieron al país durante la Guerra de la Independencia”.
La claridad, concisión y precisión de los ministros de la Corte de Apelaciones dejó muy poco espacio para que la Armada apele a la Suprema, aunque está en su derecho si decide acudir a esa instancia, la cual en nuestro ordenamiento jurídico tiene carácter de final.
En la víspera del inicio de un fin de semana largo, con el anunciado cierre de la Fundición Ventanas de Codelco de por medio, el fallo pasó inadvertido para la mayoría de los ciudadanos y recién la mañana de este lunes se conocieron las reacciones de algunos representantes de los partidos políticos.
El carácter inédito de lo resuelto no hace sino dejar en evidencia que los dolores por los crímenes perpetrados hace casi medio siglo permanecen intactos en nuestra sociedad y reabren una herida profunda que aún no cicatriza.
El derecho que asiste a las víctimas a que se les reconozca esa condición y se haga justicia, colisiona frontalmente con la provocación que conllevan actos como el homenaje escultórico a uno de los personajes más oscuros de nuestra historia reciente o la presencia de otros símbolos de la dictadura en recintos de las Fuerzas Armadas, que nos pertenecen a todas y todos los chilenos, no solo a los civiles y militares que protagonizaron la aventura golpista que todavía nos divide.
Tal como se hizo en la Alemania de posguerra retirando y destruyendo los símbolos del régimen nazi; o en España, con la “ley de memoria histórica”, que ordenó a 656 municipios retirar del espacio público los vestigios heredados de la dictadura franquista; o en Argentina, en 2004, cuando el presidente Kirchner le pidió al comandante en jefe del Ejército, Roberto Bendini, que bajara de una de las galerías del Colegio Militar los cuadros de Videla y Reynaldo Bignone, en Chile también se debe obrar de igual manera, pues de no hacerlo se perpetuará la idea de que los terroristas de Estado fueron salvadores de la patria y no los responsables de quebrar la democracia para apoderarse del país durante diecisiete años.
Mientras permanezcan estatuas como la de Merino Castro, se continuará coreando con fuerza en las calles la canción “Vuelvo para vivir”, del grupo Illapu:
“Bajo el rostro nuevo de cemento
Vive el mismo pueblo de hace tiempo
Esperando siguen los hambrientos
Más justicia, menos monumentos”.
