Con un ultimátum, el Gobierno salió a hacer frente a la crítica situación que vive la educación pública en la Región de Magallanes, en medio de la paralización de actividades de los profesores que reclaman por igual sus remuneraciones con otros profesionales del área.
Esto porque, como ya es sabido, el Servicio Local de Educación Pública instruyó a todos los establecimientos de su dependencia que deben impostergablemente iniciar las clases este lunes 7 de abril, imposición que para los movilizados es un chantaje humillante y una intimidación.
La presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, sostuvo que el gremio está decepcionado del Gobierno que nació de la “revolución pingüina”.
“Humillante, que realmente intimida a los profesores, quienes estamos luchando por algo que realmente nos corresponde. No es nada que no sea lo legal, lo justo, que más encima nos siguen amenazando que ni no volvemos el lunes, no hay sueldo”, acusó la docente.
Es decir, para Aguilante, “es lo último que hubiéramos esperado de este gobierno y del ministro, que tanto dijo que se iban a preocupar realmente e iban a reconocer la labor docente”.
El Gobierno cerró la puerta a evaluar la alternativa de aumentar los ingresos de los docentes, apelando al déficit financiero que existe en el SLEP de Magallanes, a lo que sumó una promesa inconsulta del director titular, Mario García, hoy suspendido del cargo y con un sumario en su contra.
Pero lejos de calmar las aguas y acercar las posiciones entre las partes, hoy el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, endureció el tono y aseguró que el ultimátum no es un chantaje.
Incluso fue más allá y sostuvo que la movilización de Magallanes mantiene de rehenes a los niños que aún no pueden iniciar sus clases este 2025.
“No es un chantaje, es una realidad. La realidad es que los tiempos no son infinitos, se agotan y que en ese marco no es posible recuperar las clases de la manera que corresponde. Y, por lo tanto, estaríamos asumiendo nosotros la pérdida de aprendizaje del territorio. Eso es algo que no podemos aceptar”, manifestó el secretario de Estado.
Incluso, el ministro dijo que podría argumentar a la inversa, señalando que “la movilización es un chantaje porque pone a los niños como rehenes, frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver, porque no hay recursos para resolverlo”.
