El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, aseguró este miércoles que «lo sensato» es que la fundación Democracia Viva -cuestionada por un millonario convenio con el exseremi del Minvu en Antofagasta- regrese el dinero que le fue asignado, dado que, en caso de no hacerlo, el propio Gobierno iniciará un proceso de término para concretar esa acción.
«Lo sensato y razonable es que la fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados«, afirmó Montes en un punto de prensa, advirtiendo, de todas maneras, que hay parte de esos dineros que ya fueron gastados.
Ante esto, la autoridad señaló que «aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato y razonable es que lo pongan a disposición» de la investigación, dado que en caso de no hacerlo -adelantó- «nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos«.
Por otra parte, el líder de la cartera de Vivienda destacó que «la voluntad del Gobierno y de este Ministerio en particular, es colaborar muy proactivamente con la investigación penal que abrió el Ministerio Público la tarde de ayer: nosotros vamos a apoyar con todo esa investigación».
Para esto, desde el Ejecutivo decidieron enviar un equipo investigador a la Región de Antofagasta y entregar -tras una ardua tarea de recopilación- todos los antecedentes relevantes a Fiscalía.
«Asimismo, como Ministerio instruimos un sumario administrativo que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicado por primera vez en el año 2019″, profundizó Montes.
Con esta medida, el ministro informó que el Minvu busca un modelo de asignaciones «más transparente y con mejores estándares, porque nos interesa seguir trabajando con fundaciones que hacen una tremenda tarea en campamentos y organizaciones sin fines de lucro, que tienen una historia en el trabajo territorial y a quienes valoramos por su aporte y en su colaboración con el Estado».
«Esto (de los convenciones irregulares) no puede volver a ocurrir, nos parece inaceptable», cerró Montes.
