En el último tiempo, la actividad política ha avanzado significativamente en regulaciones para fomentar su transparencia. Las leyes de lobby y de financiamiento electoral dan cuenta de ello. El sector público, por su parte, a través de la Ley de Transparencia ha debido adecuarse a una nueva realidad, en que los ciudadanos acceden a los actos de la administración, a sus compras e, incluso, a las remuneraciones de sus autoridades y funcionarios.
El mundo de la empresa, a su vez, ha sido desafiado para mejorar sus prácticas a través de una estricta ley de delitos económicos, con un amplio sistema de compliance para garantizar sus buenas prácticas. Recientemente, también se han dictado regulaciones para que el SII pueda tener acceso a las cuentas corrientes de quienes desarrollan actividades informales al margen de la ley.
Sin embargo, esta tendencia normativa no ha alcanzado a las ONG que, cada vez en mayor medida, tienen la capacidad de detener, obstaculizar o bloquear proyectos de inversión.
Cuando comienza a desarrollarse un proyecto productivo importante en nuestro país, las distintas ONG ambientalistas prenden sus luces de alarma y comienzan a preparar un verdadero arsenal legal y comunicacional para intentar frenar o retrasar su desarrollo. No se trata solo de un tema de principios, sino de un verdadero entramado de negocios muy parecidos al lobby empresarial, que tiene a las ONG recibiendo millonarias sumas de dinero anualmente.
Algunos ejemplos. La ONG Observatorio Ciudadano recibió entre 2023 y 2024 cerca de 1,2 millones de dólares. Esta organización tiene como fin promover los derechos humanos, pero llama la atención la diversificación de sus intereses, abarcando también causas medioambientales, a través de la oposición al desarrollo de la salmonicultura, mediante el apoyo a las comunidades que postulan a los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO). En temas relacionados con la minería, recibe financiamiento a través del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), corporación pública del Gobierno de Canadá, principalmente para campañas sobre la industria del litio.
Otro caso es la ONG Costa Humboldt, que durante 2024 recibió donaciones cercanas a los 950 mil dólares, o la denominada Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, cuyos recursos este año superaron los 411 mil dólares. Ambas organizaciones también están ligadas al apoyo del desarrollo de ECMPO.
Estas ONG son de las pocas que entregan información relevante (aunque incompleta y desfasada) sobre su financiamiento, resaltando como principal financista la fundación estadounidense The David And Lucile Packars.
Pero, ¿quién financia a las demás ONG que operan en Chile, como Oceana, Terram o Greenpeace, entre muchas otras?
Esta es una pregunta que es imposible responder a cualquier ciudadano o autoridad, dada la escasa información que entregan estos organismos, generando un manto de dudas sobre los verdaderos intereses que defienden. ¿Quién puede asegurar que algunas de estas ONG que se oponen constantemente a la industria de la salmonicultura no estén financiadas por las empresas competidoras directas del mercado chileno?
Nadie lo puede desmentir a ciencia cierta, porque no disponemos de la información. Este es un ejemplo que puede extrapolarse a cualquier área productiva. En base a estas fundadas dudas, es imperioso que contemos con una legislación más robusta, a través de una ley que exija toda la información sobre los ingresos, el financiamiento y la tributación de estos organismos.
Por ello, a comienzos de 2023 presenté un proyecto de ley que apunta justamente a aumentar los estándares de probidad y transparencia de estos organismos, que muchas veces vemos actuar con grandes campañas publicitarias y constantemente exponiendo en el Congreso. Obviamente no se busca con ello afectar su existencia, pero sí exigir la misma transparencia y corrección que ellas piden para el sector público y privado.
Este proyecto está hoy en el Senado, pero desde octubre de 2023 no ha tenido ningún avance. El llamado que formulamos a nuestros senadores es a agilizar esta iniciativa, para favorecer la transparencia y terminar con las dudas sobre el financiamiento de algunas ONG. Solo así el país podrá saber cuáles son los verdaderos intereses que defienden estas organizaciones, que reciben millonarios recursos.
