La figura del antiguo funcionario municipal, que además ha deambulado por varios cargos dentro del edificio consistorial, Luis Antonio González, aparece como uno de los responsables de la contratación directa y que apunta a una grave denuncia por parte de Astramupa.
Recordemos que la alcaldesa subrogante y directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas (Dideco), Elena Blackwood Chamorro, fue denunciada por favorecer con un contrato de servicio funerario completo y directo a una empresa de la que es dueña su propia hermana, Susana Blackwood Chamorro.
El acuerdo de partes es por $527.170.
La transgresión provocó un fuerte rechazo en la Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas porque se trata de un hecho grave claramente prohibido por la normativa destinada a cuidar de los dineros públicos.
El reglamento prohíbe cualquier tipo de relación o vínculo de adjudicación entre funcionarios y parientes, pero a la vez impide que en caso de contratación directa haya un único proveedor posible en la lista de ofertas, tal como fue este el caso.
La concejala por Punta Arenas Verónica Aguilar señaló que «me parece impresentable lo ocurrido con la directora de Dideco, y que en ese momento estaba como alcaldesa subrogante, y me parece impresentable también que el administrador municipal (Luis Antonio González) haya firmado ese decreto conociendo los antecedentes antes señalados por Astramupa. Nosotros nos enteramos precisamente por la denuncia que hizo el gremio, pero el día de ayer ingresamos una solicitud a la municipalidad junto con los concejales Draguicevic, Haro y Díaz para pedir al alcalde una investigación y un sumario, si es que así procede. Aquí queda en evidencia la falta a la probidad, queda en evidencia la falta de transparencia, queda en evidencia muchas de las situaciones que se habían denunciado con anterioridad pero que se había contado con las pruebas pertinentes y que hoy están saliendo a la luz. Puede ser 1, pueden ser 100 o 500, pero estos son recursos de todos los puntarenenses, y la falta de transparencia se han hecho notar en la administración de este alcalde».
Por su parte, el presidente de Asemuch, Juan Urzúa, también se mostró preocupado y molesto por lo que está sucediendo y declaró que «manifestamos nuestro total respaldo a la denuncia realizada en contra de todos quienes resulten responsables. Es incomprensible que quienes llegaron al municipio con una superioridad moral indicándoles a todos las formas en la que se debía actuar hoy estén inmersos en este tipo de acusaciones. Vamos a perseguir ante todas las instancias posibles, una vez que esto se compruebe, si es que existió corrupción, si es que existió intención de defraudar al Fisco, si es que existe la asociación ilícita, y vamos a perseguir no solo por la vía administrativa si no que también por la vía legal esta y todas las demás denuncias que se empiecen a generar sobre estas faltas o posibles delitos. Hay otras licitaciones que están siendo objeto de revisión. Una vez que tengamos los antecedentes los daremos a conocer por los canales pertinentes. Del municipio deben salir todas las personas que cometan algún tipo de ilícitos, o vayan en contra de lo que dice la Ley, y no tendremos dudas de llegar hasta las últimas instancias.»
El concejal Mauricio Bahamonde, luego de recopilar antecedentes al respecto, manifestó que «entiendo que la única cotización que llegó fue de la funeraria en cuestión, y donde la familia de doña Elena tendría un porcentaje de participación. Sé que es un caso social donde una persona necesitaba el servicio de forma urgente, y a partir de eso el administrador municipal se hace responsable por intermedio de su firma para la autorización del trato directo. Creo que estamos ante una falta de ofertas del servicio, y al parecer en Punta Arenas tenemos ese problema».
Respuesta desde Dideco
Producto de la publicación de ZonaZero, desde dicha entidad se emitió la siguiente declaración pública:
«En virtud de una publicación realizada en un medio de comunicación local, desde la Dirección de
Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas informamos que los documentos
respectivos se encuentran a disposición de la Contraloría Regional de la República, según los
requerimientos que se indiquen.
Junto con lo anterior, la alcaldesa (S) se encuentra llana a responder los requerimientos que
disponga el órgano Contralor, con la tranquilidad de que cada acción o decisión se ha realizado de
manera correcta y apegándose a las normativas legales y administrativas vigentes.
Dicho esto y respecto a lo ocurrido, se puede indicar lo siguiente:
1.- La Municipalidad mantenía un contrato de servicios funerarios vigente y debido al repentino
fallecimiento del representante legal y dueño de la funeraria con la que se mantenía el contrato,
se debió dar término inmediato al contrato vigente.
2.- Debido a lo anterior y habiendo ocurrido el fallecimiento de un vecino que necesitaba apoyo
social desde el Municipio, se intentó obtener recursos de otros servicios públicos que pudieran
apoyar la necesidad, pero al no contar con presupuestos disponibles, la administración municipal
recomendó generar una contratación directa, cotizando a proveedores de servicios funerarios
disponibles en la plaza.
3.- Dado lo anterior, se cotiza a las únicas dos funerarias disponibles, recibiendo respuesta y
cotización solamente de una.
4.- El administrador municipal resolvió en su momento (10 mayo 2021), adjudicar la única oferta
recibida considerando que la persona fallecida debía ser atendida con la urgencia del caso, por la
situación de Covid que vivía la comuna
5.- A diferencia de lo que se expresa en la misiva enviada a Contraloría, este servicio es de primera
necesidad ante el eventual fallecimiento de algún vecino de la ciudad que requiera la ayuda y
colaboración de nuestro Municipio y que obviamente, no puede esperar hasta que se realice el
procedimiento de contratación respectivo, con los tiempos y procedimientos que eso significa.
6.- En base a lo anterior, y considerando la urgencia de la necesidad, se llegó a la decisión de
realizar una contratación directa, que fue efectuada por el administrador municipal previa
consulta a las Direcciones correspondientes.
Es importante aclarar que a la fecha, la Municipalidad se encuentra realizando una nueva licitación
porque no tiene un contrato funerario vigente, ya que dicha contratación se realizó por una sola
vez y considerando la emergencia del caso.
Si hubiese existido una alternativa distinta para poder atender la necesidad del vecino fallecido y
una familia afectada en términos emocionales, se hubiera tomado otro camino, lo que en ese
minuto no era posible. La alcaldesa (S) siempre se ha regido por el principio de transparencia y probidad en todo su
quehacer laboral y en esta oportunidad no participó ni tuvo injerencia en el proceso.»
