El Presidente Sebastián Piñera y el ministro Rodrigo Delgado pidieron su sobreseimiento definitivo en la causa por delitos de lesa humanidad durante el estallido social. El tribunal fijó audiencia para junio de 2022, cuando ambos ya hayan dejado el gobierno. La fiscal que lidera la investigación adelantó a BioBioChile que se opondrán al requerimiento de las defensas.
Para el 10 de junio de 2022 a las 09:00 horas quedó fijada la audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo del Presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Esto, en la causa que se sustancia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de lesa humanidad durante el estallido social.
La determinación del tribunal se da tras sendas solicitudes de las defensas de las autoridades de gobierno, ingresadas a comienzos de esta semana, por los abogados Samuel Donoso y Francisco Sepúlveda.
En ambas presentaciones -las que tuvo a la vista la Unidad de Investigación de BioBioChile– los juristas invocaron las primeras dos letras del artículo 250 del Código Procesal Penal.
Es decir, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito o cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado.
La investigación liderada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, apunta a eventuales responsabilidades de autoridades del Ejecutivo en la vulneración de derechos humanos en medio de la crisis social desatada el 18 de octubre de 2019.
Entre ellas figuran los antecesores de Delgado, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además del exgeneral de Carabineros, Mario Rozas.
Requerida por este medio, la jefa del Ministerio Público porteño adelantó escuetamente que se opondrán al sobreseimiento de ambos imputados, “por los argumentos que van a ser vertidos en dicha audiencia”.
“En lo esencial se centran en que existen aún diligencias pendientes en la investigación”, aseguró.
Dentro de las pesquisas ya efectuadas se cuenta con la declaración prestada a mediados del año pasado ante el Ministerio Público por el propio Piñera.
El mandatario salió al paso de su actuar como jefe de Estado durante la crisis social y respecto de su polémica frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.
“Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”, dijo en la oportunidad.
Desde entonces, sin embargo, no se han conocido avances de la investigación y su tramitación en tribunales está prácticamente paralizada.
La causa -hasta ahora- sigue su curso de manera desformalizada.
