A esta altura de la historia no resulta extraño o insólito que funcionarios del gobierno de Gabriel Boric tengan que aclarar que “no están” contra la salmonicultura o que no llevan adelante una “guerra” contra el sector. Un sector que exporta por USD 6500 millones anuales y ofrece trabajo a unas 70 mil personas.
El último en salir a despejar dudas que no deberían existir fue el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, cuando visitó Magallanes tiempo atrás. Antes ya había dicho lo suyo, en un arranque de beligerancia, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Probablemente ambos, entre otros, sean una suerte de eco de las palabras a las que quedó atado el presidente Boric en 2022 cuando señaló que la salmonicultura debía salir «como mínimo» de las «áreas protegidas». Probablemente el mandatario, no mensuró el brutal impacto que podría acarrear esta decisión en los planos económico y social en el sur de Chile.
Llama la atención en este párrafo que Proaño desconozca que Magallanes tiene los más altos estándares de calidad en sus operaciones, confirmado por ONGs internacionales, y que en sus aguas se produce uno de los mejores salmones del planeta. Ni una palabra sobre esto.
El doble discurso ha sido una práctica continua entre los funcionarios. Porque mientras por un lado no dudan en reconocer la importancia del sector, desde otro, empujan leyes y obligaciones burocráticas que podrían condenarlo a desaparecer. El solo borrador del Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar hace desaparecer de plano a la salmonicultura de la región. Un plan del que participó –incluso con dinero– una ONG como PEW que ha declarado su oposición a iniciativas de desarrollo en la Patagonia. Y la lista sigue con las enormes zonas de reserva que podrían ser destinadas a pequeños grupos familiares de descendientes bajo el amparo de la ley Lafkenche.
Es sabido que mientras funcionarios como el delegado presidencial José Ruiz Pivcevic mantenían conversaciones con los gremios de Nova Austral, por otro, el ministerio de Rojas, insistía ante la Justicia para que esta cerrara sus operaciones en los centros de cultivo.
Justamente respecto de Nova el funcionario señaló en aquella instancia: “Sobre Nova Austral en particular, hay dos aspectos que son fundamentales para nosotros como gobierno: nuestra principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas, porque tenemos la convicción de que mejorar y proteger el medio ambiente y las condiciones es mejorar la vida de las personas, entonces elevar los estándares ambientales es un compromiso de nuestro gobierno y en eso no vamos a claudicar. Hacer cumplir la ley, fiscalizar de mejor manera. Nuestro interés es que las empresas cumplan con la normativa vigente e incluso, ir elevando los estándares, en tiempos de la triple crisis: climática, de pérdida de biodiversidad, y de contaminación a nivel global, que se manifiestan en Chile».
“Por un lado, el compromiso es hacer cumplir la ley, mejorar la fiscalización y hacer un proceso de acompañamiento para que las empresas vayan mejorando sus estándares, no estamos cerrados al diálogo, queremos que las empresas mejoren y no estamos, a priori, en contra de la industria salmonicultora sino que los impactos que producen sean cada vez menores, sobre todo en áreas protegidas”, siguió.
Una vez más la contradicción y el error se encuentran a la orden del día. La industria salmonicultora es una de las más fiscalizadas de Chile.
“Y por otro lado, en estos procesos donde efectivamente empresas incumplen la ley y producen enormes daños en los ecosistemas, si eventualmente estas empresas tienen que cerrar, nuestro compromiso es acompañar estos procesos con transición socioecológica justa, que veamos la parte social y ambiental con justicia, para que los trabajadores tengan procesos adecuados, que no los vamos a dejar solos”, sigue Proaño, en una suerte de vedada advertencia.
Tampoco aquí demuestra entender la verdadera trascendencia del sector en Magallanes. Nova Austral entrega trabajo a unas 3500 personas en Porvenir. Son las propias autoridades las que han denunciado que difícilmente pueda reemplazarse esta fuente de trabajo.
En Magallanes unas 7000 personas viven de la salmonicultura y el sector exporta por USD 650 millones. Significa más de USD 100 millones en salarios que se derraman en la región mes a mes.
Además, el funcionario olvidaba también que muchos de los trabajadores de la industria lo son por vocación y formación. Es decir, no es una casualidad que hayan alcanzado un lugar en este tipo de empleos altamente técnicos.
