Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en general y en particular, dos proyectos que aumentan las penas para quienes realicen secuestros y para el porte de armas en lugares altamente concurridos.
Se trata de las primeras dos iniciativas que son aprobadas por la Corporación en el marco del «fast track» acordado entre el Gobierno y el Congreso para despachar 15 iniciativas legislativas en 90 días relativos a la seguridad ciudadana; urgencia que se le dio luego de que el domingo fuera asesinada la sargenta de Carabineros, Rita Olivares, la segunda mártir de la institución en dos semanas.
Actualmente se castiga con presidio mayor en su grado mínimo a medio (de 5 años y un día a 15) a quien retenga a una persona para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones. Con el proyecto aprobado por la Cámara Baja -y que avanzó ahora a segundo trámite al Senado-, la misma pena se aplicará cuando el encierro o detención se prolongue por más de 48 horas.
El texto, además, incrementa el castigo cuando, a raíz del secuestro, la víctima sea objeto de homicidio, violación, castración o lesiones graves. En tal caso, la condena partirá en presidio perpetuo (y ya no en presidio mayor en su grado máximo) e irá hasta presidio perpetuo calificado.
El presidio perpetuo simple permite que quien reciba la sanción postule a libertad condicional tras 20 años de estar privado de libertad. El calificado, en tanto, define que solo se podrá optar a beneficios cumplidos 40 años de cárcel efectivos.
En la discusión del proyecto se valoró la propuesta impulsada por el Ejecutivo. De igual modo, se relevaron los alcances y la necesidad de otros proyectos de la agenda de seguridad que se verán esta semana en la Cámara.
Particularmente, se destacaron las cifras que hablan de un aumento de este delito en los últimos años. Según especificó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en 2022 hubo un total de 574 casos policiales relacionados al secuestro. Respecto de 2021, el aumento fue de un 79% y en comparación con 2019, de un 51%.
«Lo que estamos haciendo con esto es mandar una señal de la gravedad de este delito; mandar una señal de que va a ser altamente castigado«, dijo la jefa de gabinete.
La secretaria de Estado recalcó que «esta señal es efectiva en la medida que, al mismo tiempo, también trabajemos en reforzar nuestras capacidades policiales e investigativas, y hagamos un esfuerzo sistémico para atacar con fuerza este tipo de delitos que estamos viendo hoy día y que no solo tenemos que lograr que dejen de subir, en primer lugar, parar esta curva de escalada, sino también hacerlo retroceder».
