“Es preocupante que Conaf no tenga claridad sobre las consecuencias del plan de manejo. De hacerse efectivo, la industria del salmón paralizará las inversiones, reducirá las contrataciones y luego abandonará la región, con todo lo que ello conlleva”, dijo Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
Al mismo tiempo, en entrevista con Salmonexpert afirmó que “esto es una señal más que no se ha realizado un estudio acabado sobre las implicancias de esta política pública”, aclarando de este modo las expresiones de Mauricio Ruiz, profesional de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, encargado de las Áreas Silvestres Protegidas en Magallanes, quien en recientes declaraciones, señaló que las concesiones acuícolas que están otorgadas en la Reserva Kawésqar, podrían seguir operando por espacio de 30 o 35 años más, lo que, a juicio de la industria salmonicultora en la zona, no es real.
Cabe señalar que las concesiones otorgadas en la reserva comienzan su vencimiento a partir del año 2036.
A su vez, Rojas explicó que “el 50% de las concesiones vigentes en la región están al interior de la Reserva Kawésqar. Casi su totalidad fueron otorgadas antes de la creación de la misma y representan el 0,05% de la superficie total de la Reserva”.
Indica que los argumentos esgrimidos en el plan de manejo para justificar que la salmonicultura es una amenaza se basan en supuestos no validados: “El documento habla que los salmones son una especie exótica invasora y la acuicultura sería el principal factor. Sin embargo, la región solo cultiva salmón del atlántico que si bien es una especie exótica, como muchas otras, no hay evidencia de su reproducción silvestre por lo que no califica como invasora. Además, las estadísticas de Sernapesca muestran que en 10 años, en la región, han ocurrido sólo tres eventos que representan el 7% del total de los ejemplares escapados en la industria chilena”.
La gerente de los salmonicultores de Magallanes criticó también el rigor técnico del plan de manejo, señalando que “nos parece al menos cuestionable que se propongan objetivos de protección tan genéricos como el litoral marino, los fiordos y canales y el fondo marino, sin una mayor justificación biológica ni referencias científicas. Estos objetivos biológicos más los culturales, cubren la totalidad del área, usando este subterfugio para que la Reserva, en la práctica, opere como un Parque Nacional, cuestión que ha sido la aspiración de varias ONGs transnacionales”.
En cuanto al eventual cierre de la industria en la región, Francisca Rojas apuntó que “nuestra proyección es que las concesiones vigentes al interior de la Reserva, teniendo en cuenta el régimen de producción establecido en la normativa de 33 meses de operación por 3 de descanso, alcanzarán en los próximos años a realizar sólo 5 ciclos (siembras), lo que hace injustificable cualquier inversión. Por otra parte, las solicitudes en trámite serán rechazadas y si una empresa requiere hacer una modificación a su proyecto técnico de producción, tampoco tendrá éxito”.
De esta forma, advierte, se pone la lápida una fracción muy importante del PIB de la región, también al 50% de las exportaciones y a más de 4.000 puestos de trabajo.
