Después de un intenso debate de siete horas, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, lo que resultó en su destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.
La medida fue impulsada por los diputados de Chile Vamos y respaldada por senadores de la coalición, junto con legisladores del Partido Republicano, Partido Social Cristiano, el independiente Karim Bianchi y los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker.
El primer capítulo de la acusación, que imputaba a Muñoz de “notable abandono de deberes” por anticipar un fallo que beneficiaría a su hija y no declarar su inhabilidad en el caso, fue aprobado con 27 votos a favor y 21 en contra.El segundo capítulo, que lo acusaba de omitir funciones correccionales y no denunciar la actuación de su hija fuera de su jurisdicción, fue aprobado con 25 votos a favor y 23 en contra.
Un elemento que generó controversia fue el permiso constitucional solicitado por la senadora Paulina Núñez (RN), lo que redujo el quórum necesario de 26 a 25 votos, provocando críticas desde el oficialismo, aunque de todos modos el primer capítulo obtuvo 27 votos a favor. Ricardo Lagos Weber (PPD) expresó que “la solicitud del permiso genera un ambiente muy negativo”, mientras que la senadora Paulina Vodanovic (PS) denunció presuntas amenazas contra Núñez por no asistir a votar debido a su posnatal.
Sergio Muñoz fue acusado por haber filtrado a su hija, la jueza Graciel Muñoz, información sobre un fallo que afectaba su patrimonio y por no declarar su inhabilidad en dicho caso. No obstante, desde el oficialismo se argumentó que la destitución es un “castigo” por su trayectoria, especialmente por sus fallos relacionados con derechos humanos y casos de alto impacto.
