Revuelo ha generado la trama de deudas que se destapó entre Latam y las AFP, además de las familias Piñera y Cueto, luego de que la aerolínea presentara su plan de reestructuración en la última junta de accionistas.
El comienzo de los problemas de Latam se pueden fijar cuando se selló la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM en 2012. El hecho fue presentado internacionalmente como un éxito, resaltando su valor bursátil que se elevaba sobre los 12.500 millones de dólares. Diarios como El País posicionaron a la compañía entre los 10 grupos mundiales que dominaban el transporte aéreo.
Antes de la operación, Sebastián Piñera se había desligado de su empresa, dejándosela a sus socios: la familia Cueto. Sin embargo, al poco andar, su administración comenzó a dar muestras de flaqueza. En cinco años (2010-2015), las acciones se desplomaron, perdiendo casi el 80% de su valor, tal como lo ilustra este gráfico del Diario Financiero.
Una de las razones de esta caída fue la enorme deuda que arrastraba TAM antes de la fusión, que Latam debió asumir. Pero también hubo importantes problemas de gestión que se tradujeron en millonarias multas por infracciones a nivel internacional.
Entre los casos más significativos, estuvo la colusión destapada en Estados Unidos en 2011 y el pago de sobornos a sindicatos argentinos, que fue sancionado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en 2016.
Si bien entre 2015 y 2019 hubo un período de recuperación del valor de las acciones, todo se volvió a ensombrecer para Latam con la pandemia de covid. El cierre de fronteras obligó a las aerolíneas a interrumpir sus servicios y mantener sus aviones en tierra. En definitiva, se cortaron sus ingresos.
Frente a este panorama, el CEO Enrique Cueto anunció su renuncia tras 25 años en la compañía. Su salida se materializó a fines de marzo, cuando el virus ya había llegado a Chile y se había registrado el primer fallecido por el coronavirus SARS-Cov-2. Dos semanas después, se sumó al éxodo otro de los pesos pesados que se mantenían en el directorio: Carlos Heller.
En mayo de 2020, Latam decidió acogerse al capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos. Dicha acción no significa que haya caído en la bancarrota. Al contrario, la norma permite a la compañía pausar el pago de sus deudas y reestructurarse.
Con esta medida, la sociedad gana tiempo para formular un plan que le permita saldar su deuda con los acreedores y así encontrarle una salida a la crisis. En paralelo, no se producen despidos masivos de personal ni se desmiembra la compañía.
Tras sucesivas prórrogas, Latam finalmente presentó su proyecto de reorganización el 25 de noviembre de 2021 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Según Pulso, la propuesta fue negociada durante un año y medio con los accionistas principales y su objetivo es multiplicar las acciones de Latam. Al 30 de diciembre de 2021, la propiedad de la firma se distribuía en unas 606 millones de acciones. La idea es que, con la nueva estructura de capital, se llegue a los 600.000 millones.
Ello tendrá como consecuencia que los actuales accionistas serán reducidos al 0,1% del total. Sin embargo, la empresa ofrece la posibilidad de que estos puedan aportar nuevos fondos y así aumentar su posición dentro de la compañía.
La fórmula de Latam también implica una inyección de capital y nuevas series de bonos. Los accionistas principales se comprometieron a suscribir el grueso de estos aportes y así retener a los socios estratégicos: los Cueto (16,3%), Delta (20%) y Qatar Airways (10%). Entre los tres controlan el 46% de la compañía y la idea es que, en la nueva estructura, no ostenten más del 27% de las acciones.
En diálogo con CNN Chile, el actual CEO de Latam, Roberto Alvo, destacó que su propuesta reduciría su deuda a los 7.000 millones de dólares. “Eso nos asegura poder desarrollar nuestro plan de negocios, poder crecer, poder aprovechar oportunidades hacia el futuro y poder navegar con tranquilidad durante esta crisis que todavía no termina”, aseguró.https://www.youtube.com/embed/G1K7l1U4Hok?enablejsapi=1
El 23 de diciembre de 2021, Latam presentó su plan de reestructuración en una junta extraordinaria de accionistas, quienes manifestaron su molestia. El más duro de ellos fue Jorge Said Yarur, quien acusó a Ignacio Cueto, gerente general de la compañía, de realizarles un “portonazo” a sus inversiones.
En el programa Stock Disponible de Vía X, el accionista detalló que el plan de Latam deja acreedores sin garantizar, tanto en Chile como en el extranjero. En Estados Unidos, varios de ellos recurrieron al juez James J. Garrity del tribunal de Nueva York para evitar que se apruebe el programa de la aerolínea.
Sin embargo, dentro del país, los más afectados no solo serán los accionistas minoritarios, sino también los bonistas. Se estima que la deuda de Latam con los emisores de bonos nacionales —entre ellos, las AFP— asciende a cerca de 500 millones de dólares.https://www.youtube.com/embed/_RlGcwmFVvk
Andrea Silva, gerenta general de finanzas de BancoEstado, participó como oyente de la junta de accionistas, en representación de los tenedores locales. En la instancia, criticó con dureza su exclusión de las negociaciones y el trato discriminatorio en comparación a los acreedores extranjeros.
Según el Diario Financiero, el porcentaje de recuperación de los acreedores locales alcanza apenas el 19%. Por el contrario, los tenedores internacionales tienen la alternativa de que se les salde el 100% de sus acreencias.
En ese contexto, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) ofició a la Superintendencia de Pensiones para que informe sobre las medidas que se tomaron para resguardar los intereses de los afiliados.
En concreto, se le exigió al superintendente Osvaldo Macías informar sobre posibles acciones legales que permitan “recuperar y reintegrar los fondos entregados a Latam y que irrogan pérdidas para millones de cotizantes”, dijo el diputado Gabriel Silber.
Consultados por The Clinic, desde la Superintendencia de Pensiones (SP) aclararon sobre esta situación que la institución “se encuentra monitoreando directamente todo aquello que dice relación con las inversiones efectuadas con los recursos de fondos de pensiones y fondos de cesantía en instrumentos financieros emitidos por Latam”.
“En ese contexto, es importante que se tenga presente que al alero de esas mismas facultades, la Superintendencia ha sostenido reuniones con las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que tienen inversiones con recursos de los fondos de pensiones en la mencionada sociedad”, añaden.
Asimismo, afirman que también han realizado encuentros con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), esto, debido a “las inversiones efectuadas en esa sociedad con recursos de los fondos de cesantía que administra”.
Respecto a las medidas del caso, desde la SP afirman que instruyeron “tomar todas las acciones legales que sean necesarias para proteger las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones y de cesantía”.
Lo anterior, precisan, en “atención a la responsabilidad fiduciaria que las AFP y la AFC tienen respectivamente sobre los recursos que son de propiedad de las y los afiliados del sistema de pensiones y el seguro de cesantía”.
“Como Superintendencia de Pensiones reiteramos nuestro compromiso permanente con resguardar los intereses de las y los afiliados del sistema de pensiones y seguro de cesantía, de acuerdo siempre a lo que establece la normativa vigente y al alero de nuestras facultades legales”, sentenciaron.
En medio de todo este conflicto, volvió a emerger un antecedente que involucra a Sebastián Piñera. En 2016, Inversiones Odisea —el family office heredera de Bancard, que administran los cuatro hijos del mandatario— le otorgó un crédito de 43 millones de dólares a Costa Verde Aeronáutica S.A., que pertenece justamente a la familia Cueto.
Este préstamo fue pagado algunos meses antes de que Latam se acogiera a la ley de Quiebras en Estados Unidos, información que recientemente fue recogida por La Red, pero que anteriormente había sido documentada por otros medios.
En junio de 2020, El Desconcierto informó que el pago de la deuda quedó registrada en la memoria 2019 de Costa Verde. “Durante el primer trimestre de 2020, la sociedad ha realizado pagos voluntarios anticipados a la deuda”, dice el texto.
El mismo medio advirtió que los pagos se realizaron justo cuando “se conocían las primeras señales de contracción económica en la industria de transporte aéreo”. Además, tenía la pretensión de “reducir el ruido político” cuando la aerolínea solicitara un plan de rescate financiero en los meses siguientes.
Desde Latam, emitieron un comunicado en que se desmarcaron de las deudas con Odisea. Aclaran que dichas negociaciones no conciernen a la empresa, sino a uno de los socios mayoritarios del grupo (no lo nombran, pero se trataría de la familia Cueto).
En ese sentido, desde la compañía calificaron de “falso y malintencionado” vincularlo con el proceso de renegociación con los acreedores.
