Desde hace ya un tiempo considerable los trabajadores que integran el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile vienen denunciando maltratos y abusos en la dependencia sin que hasta el momento se hayan traducido en acciones concretas por parte de sus autoridades.
En una carta dirigida a la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán Medina, la directiva en pleno de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) reclama que los responsables del sector resuelvan las graves situaciones que vienen ocurriendo en la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac) y que son públicas en redes y medios nacionales.
La asociación identifica a Juan Cristóbal Moscoso, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, como uno de los causantes de esta crisis institucional.
Hay que recordar que los funcionarios ahora apuntados por el gremio son personas de confianza de la la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.
“Como Asociación, representada por toda su dirigencia regional, y la directiva nacional, nos dirigimos a usted con profunda preocupación ante la gravísima denuncia presentada por funcionarias y funcionarios que representamos, lamentando la falta de respuestas oportunas y adecuadas frente a la magnitud de los hechos que les afectan”, indica la carta de ANFUSEA.
“Nos alarma constatar que, a pesar de la gravedad de la denuncia, de la cual usted está en conocimiento hace más de dos semanas, más allá del procedimiento existente en el servicio, vemos con estupor que no se ha tomado ninguna medida que evite el contacto directo de las victimas con las jefaturas denunciadas, lo cual va en absoluto desmedro de las personas denunciantes que son expuestas una y otra vez a sus maltratadores, provocando una revictimización permanente, afectando de manera integral la salud de las víctimas, el clima laboral de la División y al Servicio en su conjunto”, sigue.
“Nos preocupan las inconsistencias frente a las definiciones éticas que nos hemos dado como institución, en especial la reiterada vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas por cuya seguridad usted debe velar. Frente a esta situación, que no solo afecta a las víctimas, sino que a la División de evaluación ambiental y participación ciudadana, como a todo el Servicio de Arica a Punta Arenas, nos encontramos en reflexión interna para evaluar un conjunto de acciones a desarrollar, que se sustentan no sólo en el derecho nacional sino en los tratados internacionales que el estado de Chile ha suscrito en materia de abusos, de manera que nos permitan avanzar en el restablecimiento de las mínimas condiciones para desarrollar la delicada labor que como funcionarios públicos tenemos encomendada, y que a todas luces en el escenario actual es muy complejo poder realizar, pues quienes integran los equipos que laboran en la DEVAPAC están sometidos a un alto estrés, impactando a todos quienes nos relacionamos con éstos”, continúa la misiva que publicada por diversos medios en internet.
“Por otra parte, lamentamos profundamente, que ante la evidencia previa presentada oportunamente por nuestros más altos representantes, que denotan la falta de competencias y habilidades para desarrollar un adecuado liderazgo de equipos, Ud. la minimizara, y deriváramos en la situación que nos encontramos, y más aún el lento accionar de la administración y las medidas tardías, exponen a las y los denunciantes y demás funcionarias y funcionarios a conductas intolerables en un sistema democrático”, dice.
“Frente a la grave situación actual en DEVAPAC, como Asociación estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para defender y proteger a nuestros asociados de cualquier acción de maltrato y/o acoso laboral, y le pedimos que actúe en consecuencia. Además, como asociación nos motiva la convicción de que en nuestro servicio es necesario contar con un liderazgo que sea capaz de promover el respeto de cada uno de las y los funcionarios que integran nuestro querido Servicio, y por tanto tomaremos las medidas necesarias para garantizar su protección y evitar su exposición con las jefaturas denunciadas, que a diario deben enfrentar ante la ineficacia del procedimiento actual, que ha llevado a las víctimas a remitirnos una carta con un grito de auxilio”, expresa.
“Nuestras funcionarias y funcionarios nos han pedido actuar frente a la desprotección y demora injustificada en la separación del agresor de sus funciones, por lo cual le exigimos resolver en el más breve plazo la desvinculación del Servicio del Sr. Juan Cristóbal Moscoso, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, cuyo mal ejercicio de autoridad ha provocado esta desastrosa situación de 5 denunciantes, 3 procedimientos de la ACHS y varias licencias médicas”, apunta.
La carta cierra con una serie de preguntas preocupantes.
“¿Cuántas personas más se tienen que enfermar? ¿Qué más profundo tiene que ser el daño ya causado?¿Cuáles son los valores que va a sostener usted al respecto?”.
