Una vez más poderosas ONGs extranjeras interfieren en el normal funcionamiento del Estado de Chile. Desde hace tiempo hemos sido testigos de cómo estas organizaciones que poseen millonarios fondos participan de los talleres regionales donde se define el llamado Uso del Borde Costero ¿Qué hacen allí ONGs con oficinas centrales en Suiza o Estados Unidos? Es una pregunta lógica y que el gobierno de Gabriel Boric no responde.
“El acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero, busca generar una plataforma para fiscalizar a las empresas salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo, como la carga de antibióticos y la biomasa”, indica el artículo de La Tercera.
Lo llamativo es que históricamente Oceana se opuesto de modo tajante a la salmonicultura en el sur del país, por lo que su participación resultaría contradictoria.
A pesar de que el flamante y polémico acuerdo data de principios del 2024 los ejecutivos de las empresas conocieron hace unas horas los detalles de esta preocupante iniciativa que afecta la soberanía nacional y por lo tanto colisiona con la Constitución.
“La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer, calificó las respuestas de los gremios como una “sobrerreación””, consignó el medio en un intento de Oceana por bajarle los decibeles al tema.
“Sernapesca tiene que publicar los datos de antibióticos y biomasa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue apoyar a Sernapesca para encontrar un sistema en donde pudiera publicar esta información, pero de manera legible, porque si publican 100 mil tablas en Excel no se entiende nada. Nosotros apoyamos simplemente a generar el sistema y después se lo entregamos a Sernapesca. Ellos verán si lo usan o no. Pero es un sistema de inteligencia para reportar datos”, acotó.
“El escrito establece que Oceana se encargará de que los servicios y la plataforma sean entregados a Sernapesca. Además, la ONG certifica que es licenciataria de los derechos de autor de los servicios y la plataforma, proporcionados a la institución” continúa la nota del medio que tuvo acceso a su contenido.
“Oceana se complace en apoyar el desarrollo de tecnología para mejorar la transparencia de los datos de acuicultura (Salmón) para Sernapesca a través de su Departamento de Gestión de Información, Servicios al Usuario y Estadísticas Sectoriales (GIA). En consideración, a través de la presente, Sernapesca exime a Oceana de toda responsabilidad derivada de cualquier modo de los servicios, documentación y software expuestos”, indica la información de prensa dada a conocer por la ONG.
El acuerdo “se enmarca en la puesta en marcha de “la Ley 21.532, que modifica la Ley 18.892 en materias de captura de salmónidos como así también la transparencia en la entrega de datos sobre el uso de antibióticos y parasitarios, mortalidades, producción y escapes, incentivando el mejoramiento de una actividad que genera altos impactos en el medio ambiente”, subraya la organización.
El documento lleva la firma de la directora de Sernapesca, María Soledad Tapia y la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer.
Por su parte, el diputado Miguel Angel Calisto por Aysén, solicitó en la Comisión de Pesca de la Cámara solicitó que se oficie a la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Subsecretaría de Pesca para conocer alcances del acuerdo Oceana-Sernapesca. El diputado UDI Sergio Bobadilla, a su vez, pidió invitar al subsecretario de Pesca para la sesión que se realizará el 8 de mayo. Los dos puntos fueron aprobados por unanimidad.
“El acuerdo entre Sernapesca y la ONG Oceana nos genera gran molestia y reparos, tanto por la forma como por el fondo. A través de este acuerdo se estaría entregando a una entidad privada, de origen extranjero, de financiamiento desconocido, información sensible y con acceso privilegiado, de la segunda industria exportadora más relevante de Chile. Además, en un proceso poco transparente, de espaldas a esta industria, y eximiendo a esta ONG a priori de toda responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos. Por último, esta ONG es detractora de la industria salmonera, por lo que estamos ante una situación de alta complejidad que requiere de toda nuestra atención, no solo como industria sino como país”, señaló Loreto Seguel, directora Ejecutiva Consejo del Salmón a La Tercera.
“La ley mandata a Sernapesca, que es un organismo público, a disponer de la información sobre el uso de antibióticos, antiparasitarios y escapes de peces de manera semestral y no a la ONG Oceana. Sin embargo, Sernapesca acepta la donación de una ONG con evidentes intereses y que ha manifestado su opinión contraria a la actividad. Además, el convenio exime a la ONG de cualquier error en el manejo de los datos o en la falla de la plataforma, es decir, si la ONG publica datos erróneos que podrían afectar a una empresa, no hay responsabilidad. Creo que es importante que se regule la injerencia de las ONG’s en las políticas públicas del país, pues son organizaciones privadas que tienen un interés, como cualquier otra”, dijo por su lado el presidente Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret.
“Como gremio, esta acción nos causa sorpresa y preocupación. Sorpresa, dado que Sernapesca opta por desarrollar esta plataforma con una ONG que tuvo un rol activo en la tramitación de este proyecto de ley y que, por lo tanto, sigue teniendo un interés directo en este tema, lo que claramente genera un conflicto por su falta de imparcialidad ante su conocida postura o sesgo hacia la industria”, indicó a La Tercera, Arturo Clement, presidente de SalmonChile.
“Muy distinto es haber convocado desde el inicio a una agenda público-privado de todos los interesados para trabajar en conjunto el diseño de la plataforma. Acá fallaron las formas, la comunicación y la información, por lo que estamos analizando las implicancias o vicios que puedan existir en esta medida”, agregó.
En abril del 2023 Oceana realizó su reunión anual en Puerto Natales, en el lugar estuvieron Susan y David Rockefeller, entre otros ejecutivos de la organización. El encuentro tuvo lugar en un lujoso y apartado hotel natalino y los participantes, que tienen influencia en cómo se debe utilizar el mar de Magallanes, no tomaron contacto con los vecinos.
