En un nuevo ejercicio de democracia, ayer Chile habló y lo hizo fuerte, sin dejar espacio a la duda que se temía podría surgir si el apruebo o el rechazo se imponían por escaso margen.

Eso no ocurrió.

Con voto obligatorio, un electorado desconocido y mayoritario se volcó en masa a los locales de votación a manifestar su preferencia, en un ejercicio de democracia pocas veces visto en nuestro país, quizás solo comparable con el Plebiscito de 1988.

Más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas estaban habilitados para pronunciarse acerca de la pertinencia del texto emanado de la Convención Constitucional y lo hicieron algo más de 13 millones.

El 85,81 por ciento de participación es un hecho inédito en nuestra historia republicana reciente y zanjó de manera rotunda su rechazo a la propuesta con un contundente 61,86 por ciento versus el 38,14 por ciento de partidarios de lo que allí se planteaba para reemplazar la Constitución de 1980 y sus modificaciones posteriores.

El resultado fue limpio e inapelable y solo queda enfrentar con apertura de mente lo que comenzó a perfilarse desde el inicio del conteo de sufragios en todo el territorio nacional y desembocó en una derrota impensada para las fuerzas políticas del oficialismo y sus aliados.

No quiero ser autoflagelante, pero no creo equivocarme al reconocer que los partidarios de aprobar una nueva Constitución pecamos de ingenuo optimismo y no poca soberbia, al no escuchar la molestia que provocaban ciertos principios contenidos en el proyecto y que herían profundamente a nuestros adversarios.

No aquilatamos debidamente que Chile es un país muy conservador, que siempre ha mirado con sospecha los cambios abruptos, aunque ello signifique postergar sus legítimas aspiraciones de una vida mejor.

No me referiré a las actuaciones estrambóticas y opiniones destempladas de algunos constituyentes, que por darse un gustito fueron desgastando la credibilidad de su propia labor.

La gente no separó esas manifestaciones reprobables del texto propuesto y lo condenó como un todo.

Tampoco fue suficientemente convincente la argumentación que sustentaba el cambio de paradigma de un Estado subsidiario neoliberal a uno social y democrático de derecho. Además, nunca cuajó la idea de plurinacionalidad, interculturalidad y cuidado de la naturaleza.

Duele decirlo, pero la mayoría del rechazo no está dispuesta a fortalecer y aumentar la democracia participativa de todos los sectores, independientemente de su origen étnico, género y cantidad.

No se entendió que para integrar en plenitud al ámbito de las decisiones nacionales a las mujeres, los pueblos originarios, las disidencias sexuales y otros grupos históricamente postergados, se requiere una vía institucional que la fuerce. La discriminación positiva, también denominada acción positiva o acción afirmativa, es fundamental para levantar la infrarrepresentación.

Asimismo, las urgencias planteadas en el plano teórico chocaron con el pragmatismo de un pueblo que quiere respuestas inmediatas  y casi mágicas a problemas estructurales y crónicos, como la inseguridad, la violencia en la Araucanía, la migración, la educación, la salud, las pensiones miserables, las desigualdades.

El marco jurídico que tenemos actualmente no da el ancho para responder a esas urgencias y el proceso constitucional que proponía un camino de solución recibió un portazo en la cara.

Estamos nuevamente a fojas cero y nada indica, al menos hoy, que vayamos a avanzar con rapidez hacia una propuesta que satisfaga a todos los paladares. El Presidente Boric tiene el deber de orientar y articular el mandato que se desprendió ayer de la decisión del pueblo soberano.

Sin lugar a dudas, se vienen tiempos difíciles para Chile, que pondrán a prueba el temple de los diferentes actores políticos y su capacidad de ceder posiciones en pos del bien común. Los desafíos que enfrentaremos en los próximos días y meses requieren que estemos más unidos que nunca.