Durante su alocución desde La Moneda en el contexto del tercer aniversario del estallido social, el Presidente Gabriel Boric aludió a la violencia sexual que enfrentaron algunas personas en el contexto de la revuelta.

“Debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir”, sostuvo el mandatario.

Pero sus declaraciones no pasaron inadvertidas en la oposición, donde rápidamente reaccionaron a través de un grupo de diputadas de la UDI que tomó la decisión de oficiar a la Fiscalía y al Poder Judicial para confirmar la veracidad de estos dichos.

De acuerdo a lo que detalla La Tercera, pese a que las parlamentarias Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez reconocen que, según la Fiscalía, se oficializaron 67 denuncias por abuso sexual en este contexto, no habría condenas que las respalden.

“Lo que ha hecho el Presidente Boric es absolutamente grave, no sólo porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto, sino que también porque trivializa situaciones que son sumamente dolorosas para las mujeres, y lo hace con el único objetivo de sintonizar con la extrema izquierda que validó la violencia y el vandalismo en esa época”, aseguraron.

Incluso, anunciaron que buscarán acreditar que las denucias se apegan a lo sucedido durante la revuelta social. “Decidimos oficiar a la Fiscalía y también al Poder Judicial, para que nos puedan clarificar si efectivamente hubo formalizados y condenados por casos de abuso sexual en el contexto del estallido, porque la información que al menos nosotras manejamos es que las causas fueron desestimadas por la justicia”, detallaron.

C0nsiderando un eventual error del mandatario en sus declaraciones, aseguraron que “resultaría sumamente grave que el Presidente Boric, casi en cadena nacional, le haya imputado delitos graves a los funcionarios policiales sin que hayan sido comprobados”.

Y en defensa de quienes habrían cometido estos ilícitos atribuidos por el Presidente, insistieron en que “efectivamente hubo denuncias por estos hechos en el marco del estallido social, pero han sido desmentidas por la justicia, incluso el caso de un estudiante universitario, donde los siete carabineros que habían sido acusados fueron absueltos por un tribunal”.

Paralelamente, las parlamentarias convocaron al gobierno a entregar los respectivos antecedentes a las instituciones que corresponden, de tenerlos. “Antes de esperar a lo que informe la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que esperaríamos es que sea el propio Presidente el que salga a aclarar sus dichos, y si efectivamente se comprueba que ninguna de las denuncias ha terminado en una condena, lo mínimo es que le ofrezca disculpas públicas y personales a Carabineros de Chile”, aseguraron emplazando a la autoridad.

Por su parte, en RN se sumaron a la convocatoria gremialista, oficiando a Presidencia para que entregue antecedentes respecto de la imputación que hizo Boric esta mañana.

El oficio responde a una gestión del diputado José Miguel Castro que respaldaron 12 parlamentarios del partido liderado por Francisco Chahuán y en él solicitan la entrega de la información que respalde la declaración del Presidente.