¿Qué concluyó sobre el “Caso Harex” la Comisión Especial de la cual participaron Gabriel Boric y Karim Bianchi?
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, constituida el 21 de junio de 2018 a solicitud de 73 parlamentarios, presentó un exhaustivo informe el 23 de enero de 2019 sobre la actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) en la investigación de la desaparición de Ricardo Harex González, ocurrida el 19 de octubre de 2001 en Punta Arenas.
Este caso, que ha marcado profundamente a la comunidad magallánica, sigue siendo un enigma sin resolución tras casi dos décadas, y el informe, aprobado unánimemente por los diputados presentes, expone serias irregularidades y propone medidas para reimpulsar la búsqueda de justicia.
“El denominado “Caso Harex” es el enigma judicial más importante que ha vivido Chile en lo que llevamos de este siglo y, por mucho, el que ha generado mayor preocupación y conmoción entre los habitantes de Punta Arenas, lugar en donde se desarrollaron los hechos”, indica el reporte en uno de sus párrafos iniciales.
“Con el pasar del tiempo y, sobre todo, con la motivación de la familia, es que fueron apareciendo
nuevos antecedentes que involucran una posible negligencia en el actuar de Carabineros y la Policía Investigaciones. De las líneas investigativas perseguidas por estos organismos del Estado, sería posible, a lo menos, evidenciar una serie de acciones que se manifestarían en omisiones de protocolo, errores y contradicciones ilógicas en las diversas diligencias investigativas”, agrega.
“Subrayan que la relación y el tráfico de información permiten vincular a la iglesia, y que esta
pudiere haber interferido en la labor de las policías, y este es uno de los principales objetivos que se proponen esclarecer”, señala.
“Por todos los antecedentes antes expuestos, esta Comisión Investigadora concluye que existen
suficientes antecedentes para afirmar que la investigación que busca aclarar la desaparición de Ricardo Harex ha sido llevada a cabo sin la debida diligencia en lo que respecta al principio de independencia, imparcialidad, competencia, oportunidad, exhaustividad y oficiosidad instruidos para investigaciones judiciales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Chile le reconoce competencia”, indica en una de sus conclusiones.
Ignorando pistas significativas
La comisión, integrada por destacados legisladores como Sandra Amar, Gabriel Boric, Karim Bianchi y René Manuel García, entre otros, trabajó bajo un mandato de 90 días, extendido hasta enero de 2019 para profundizar en los antecedentes. El objetivo fue esclarecer las fallas en la investigación inicial, que comenzó tras la denuncia presentada por los padres de Ricardo, Margot González y Sergio Harex, el 20 de octubre de 2001, cuando el joven de 17 años desapareció tras asistir a una fiesta en un quincho de Playa Norte. El informe, presidido por el diputado Karim Bianchi, identifica múltiples omisiones que han perpetuado la impunidad.
Entre los hallazgos más graves, se destaca que las diligencias de Carabineros y PDI se basaron principalmente en rumores y especulaciones de la opinión pública, ignorando pistas significativas. Una de las omisiones más críticas fue la falta de investigación en torno al sacerdote salesiano Rimsky Rojas Andrade, director del Liceo San José donde estudiaba Ricardo y señalado como sospechoso por testigos. A pesar de testimonios que lo ubicaban cerca del lugar de los hechos aquella noche, las autoridades no profundizaron en esta línea, lo que generó una percepción de protección hacia miembros de la Iglesia. Además, se constató la pérdida de la bitácora policial del día de la desaparición, un elemento clave que pudo haber arrojado luz sobre los movimientos de las patrullas en la zona.
El informe también critica la falta de rigor en los rastrillajes y búsquedas, realizados sin un enfoque técnico ni coordinado, lo que limitó su efectividad. Testimonios recopilados por la comisión revelaron que funcionarios policiales reconocieron haber actuado sin un plan estructurado, basándose en suposiciones que descartaron prematuramente la posibilidad de un delito grave. Esta negligencia, según el documento, contribuyó a una sensación de impunidad en Punta Arenas, erosionando la confianza de la comunidad en las instituciones.
Entre las conclusiones, se subraya que la investigación no se llevó a cabo con la debida diligencia, incumpliendo las expectativas ciudadanas de una respuesta efectiva. El suicidio de Rimsky Rojas en 2011, tras la reapertura del caso, y las declaraciones de testigos sobre su comportamiento errático con estudiantes reforzaron las sospechas de su involucramiento, pero la falta de acción temprana impidió avanzar. Asimismo, se menciona la posible intervención de agentes estatales y eclesiásticos en el encubrimiento, una hipótesis que la comisión consideró insuficientemente explorada.
Las propuestas aprobadas por unanimidad incluyen la elaboración de un protocolo de respuesta para la Iglesia Católica ante denuncias de involucramiento en investigaciones judiciales, incluyendo la obligación de denuncia en casos de violaciones a derechos humanos, especialmente con menores. Otra medida clave es oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que, apoyándose en la disposición del Obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, solicite a la ministra en visita ordenar pericias en dependencias salesianas de Punta Arenas, con el fin de buscar pruebas físicas. Estas pericias, apoyadas por la PDI, podrían ser decisivas para reabrir el caso.
El informe, votado por diputados como Gabriel Ascencio y Virginia Troncoso, refleja el compromiso de la comisión con la verdad, aunque reconoce los desafíos para avanzar sin nuevas evidencias. La comunidad magallánica sigue esperando respuestas, y el documento deja abierta la puerta a una eventual intervención de tribunales internacionales si las gestiones locales no prosperan. Este esfuerzo legislativo marca un hito en la lucha por esclarecer la desaparición de Ricardo Harex, un caso que sigue siendo un símbolo de justicia pendiente en la región.
