Pareciera que una reunión de trabajo entre funcionarios locales y venidos desde la capital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Municipalidad de Punta Arenas, abordando la problemática generada por la presencia de equinos en la vía pública, le sigue dando oxígeno a la directora regional, Paula Quiero.

La información que se dio a conocer en las últimas horas hace referencia a que el encuentro donde participaron el subdirector de Gestión Técnica del SAG, Rodrigo Sotomayor; el jefe de la División de Protección Pecuaria, Carlos Orellana; y una representante de la unidad jurídica de SAG Central, fue una clara señal de respaldo a la dirección regional.

En todo caso, la postura del SAG en el encuentro de trabajo con técnicos del municipio ha sido diametralmente distinta a la presentación del lunes pasado donde se señaló que las responsabilidades eran principalmente de la Municipalidad de Punta Arenas.

Todo extraño, y confuso, ya que una buena pregunta que se debe hacer es ¿por qué no se propuso esta misma voluntad de trabajo para encontrar soluciones en el Concejo Municipal?

Uno de los principales compromisos es que el SAG establecerá por resolución la obligatoriedad de identificación de caballares mediante microchip, junto a la toma de muestras de sangre para descartar enfermedades. Esta medida confirma la vigilancia sanitaria del SAG.

También se acordó implementar fiscalizaciones y visitas conjuntas a predios del cordón periurbano de Punta Arenas, verificando el cumplimiento de la normativa del SAG (Declaración de Existencia Animal y Formulario de Movimiento Animal).

En todo caso, otra de las preguntas que se debiera hacer es: ¿La resolución que emitirá el SAG Magallanes afectará a todos los propietarios de equinos?

Queda la impresión que la comitiva nacional que debió viajar a Punta Arenas trajo la solución al problema que se generó producto de una gestión regional que no pudo resolver todo esto previamente. Y por supuesto, luego de la compleja situación vivida en el pasado Concejo Municipal.