Contraloría inicia auditoría para devolución de recursos de licencias médicas en el sector público
La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría coordinada junto a Unidades de Auditoría Interna de organismos públicos y municipalidades para revisar los procesos de recuperación de subsidios por incapacidad laboral adeudados por Isapres y Fonasa a entidades estatales. El examen también abarcará el reintegro que corresponde a funcionarios cuyas licencias médicas fueron rechazadas.
El operativo, que comenzó a inicios de este mes, contempla 733 instituciones a nivel nacional: 173 del sector salud, 33 de educación escolar, 26 de FF.AA., Policías y Gendarmería, 24 de educación superior, 2 empresas del Estado, 143 servicios y reparticiones de otras áreas públicas, además de 332 municipalidades.
El trabajo de fiscalización verificará plazos de presentación de licencias por parte de los beneficiarios y las acciones de cobro emprendidas por los servicios para recuperar los montos. La revisión considera tanto lo adeudado por las entidades de salud previsional como los casos de funcionarios que no cumplieron el reposo indicado y cuya licencia fue rechazada, debiendo devolver los días pagados indebidamente.
Según el mandato de la CGR, el enfoque está puesto en la eficacia de los procedimientos internos, la trazabilidad de los cobros, la oportunidad de las gestiones y la consistencia documental que respalda cada caso, con el fin de resguardar fondos públicos y estandarizar prácticas de gestión entre servicios y municipios.
La auditoría también relevará eventuales brechas normativas o operativas que dificulten la recuperación de recursos, así como controles y mecanismos de seguimiento para fortalecer la coordinación entre empleadores públicos, COMPIN/Isapres/Fonasa y las áreas de finanzas institucionales.
La publicación de resultados está proyectada en un plazo aproximado de tres meses, tras lo cual la CGR podrá emitir recomendaciones y, de ser pertinente, instruir medidas correctivas o procedimientos disciplinarios conforme a la legislación vigente.
