La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde no sólo involucra a siete empresas procesadoras de centolla y ocho altos ejecutivos, sino que también incluye a Catalina María Besnier Anguita, exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.

Besnier, quien fue gobernadora entre 2010 y 2014, también figura en los antecedentes como gerente de planta de International Seafood S.A. durante el período 2014-2023. Su vinculación en este caso ha despertado atención por su tránsito entre cargos políticos y roles empresariales a nivel regional.

Según la acusación, entre los años 2012 y 2021 estas empresas habrían coordinado precios de compra de centolla con los pescadores artesanales de la Región de Magallanes, reduciendo la competencia y ajustando las condiciones a su favor. 

La acusación sostiene que los representantes de las empresas se comunicaban por medios presenciales y digitales (como WhatsApp o correo electrónico) para coordinar los precios que pagarían a los pescadores al inicio de la temporada o regular incrementos durante el período extractivo. 

Además, la FNE solicita que las empresas involucradas sean multadas con un total de 62.406 UTA (equivalente a más de $50 mil millones), mientras que los ejecutivos implicados enfrentarían multas por 511 UTA (más de $400 millones). 

En Magallanes, el escándalo ha generado conmoción en el mundo pesquero, pues muchos pescadores sostienen que durante años han sido los que menos se beneficiaron de la comercialización de la centolla. La inclusión de una ex autoridad regional en este caso amplifica la sensación de que la coordinación fue estructural y que hubo actores con acceso a redes de poder.

Queda por ver ahora cuál será la reacción judicial y política ante esta acusación, y si nuevos nombres saldrán a la luz en el curso del proceso.

Antecedente judicial previo: Estafa bancaria en Porvenir

Pero la acusación por colusión no es el primer episodio judicial en el que Besnier ha estado involucrada. En marzo de 2010, la prensa dio a conocer que, siendo gobernadora de Tierra del Fuego, fue implicada en una millonaria estafa relacionada con el BancoEstado en la sucursal de Porvenir, por un monto que se estimaba en 153 millones de pesos.

El caso investigaba un fraude que operaba, según los hechos descritos en los tribunales, mediante cuentas corrientes usadas para depositar cheques sin fondos, y luego hacer traspasos entre cuentas, incluidos retiros, utilizando claves secretas facilitadas por una funcionaria del banco. Besnier habría sido identificada dentro de los beneficiarios finales de esos movimientos.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección presentado por la exgobernadora que apuntaba a que el cierre de su cuenta corriente había sido arbitrario. 

Impacto e interrogantes

La combinación de estos antecedentes, unos recientes y otros más antiguos, profundiza la controversia:
• Renace el cuestionamiento sobre la transparencia entre la gestión pública y el mundo empresarial.
• Se incrementan las dudas sobre el perfil ético de los actores involucrados, especialmente cuando ocuparon cargos de responsabilidad política.

Queda por ver cómo reaccionarán las autoridades judiciales y políticas: si se abrirán investigaciones adicionales, si la FNE solicitará medidas cautelares ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cómo responderá Besnier y si este doble historial influirá en la valoración pública del caso.