Piden más claridad en Proyecto de Hidrógeno Verde y se espera que recursos queden en la región
El proyecto de ley que otorga incentivos tributarios al hidrógeno verde avanza en el Congreso, pero en Magallanes surgen dudas clave sobre cómo impactará realmente en la región. Desde el Ejecutivo siguen insistiendo en continuar con la suma urgencia, a pesar de los pedidos de seguir dialogando acerca de las dudas que existen. La discusión está centrada en garantizar que los beneficios tributarios se implementen con justicia territorial, transparencia en la distribución de recursos y claridad jurídica. Y además, ya es un hecho que el 1% de la inversión no deba pagarse al recibir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Entre los puntos más debatidos estuvo la definición del momento en que se exigirá la transferencia del 1 % de la inversión que deben realizar los proyectos superiores a los USD 10 millones. Parlamentarios y algunas autoridades regionales han advertido que adelantar este cobro podría paralizar iniciativas que aún no han concretado inversión real, afectando la viabilidad de la industria. Así las cosas, con el compromiso del Gobierno de no avanzar en este punto, lo cierto es que la compañía Total Energies levantaría la suspensión que había decidido respecto de su proyecto.
Otro aspecto crítico es la necesidad de transparentar la distribución de este aporte: Establecer con precisión cuánto irá a regiones, municipios y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, junto con fijar mecanismos legales que aseguren que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades locales.
A esto se suma la urgencia de aclarar los textos legales relacionados con el IVA y posibles exenciones, para evitar vacíos normativos que den pie a abusos fiscales o prácticas de simulación. Legisladores han advertido que sin definiciones claras, los beneficios podrían desvirtuarse y no cumplir con el objetivo de fortalecer el desarrollo local.
Finalmente, desde distintos sectores se ha solicitado que el debate presupuestario se realice sobre la base de datos certeros y difundidos, con el fin de evitar desconfianzas y percepciones de decisiones unilaterales desde el Ejecutivo.
El proyecto de ley sobre hidrógeno verde se perfila como una herramienta estratégica para la transición energética y la diversificación económica. Sin embargo, su aprobación dependerá de ajustes que aseguren equidad regional, claridad jurídica y beneficios palpables para los territorios productores, pero también para quienes están decididos a invertir en Magallanes. El desafío del Parlamento será equilibrar incentivos a la inversión con control fiscal y justicia territorial, evitando que las comunidades queden relegadas frente al auge de esta nueva industria energética.
En conclusión, la región valora el impulso al hidrógeno verde como motor de desarrollo, pero insiste en que la ley debe garantizar equidad territorial y beneficios reales para Magallanes, principal polo de esta nueva industria energética. Y al mismo tiempo, que sus autoridades se reúnan, conversen con los inversionistas, los escuchen y se pueda avanzar en conjunto, creando confianzas. Lamentablemente, en las últimas semanas, incluso desde la seremi de Hacienda, han salido declaraciones que poco ayudan a construir estos puentes necesarios para el trabajo bipartito. Es más, se ha mostrado hasta poco conocimiento de la industria, cómo funciona, y cuáles son las preocupaciones de las empresas que están proyectando instalarse en la región. En eso no puede haber errores, ni riesgos innecesarios.
