A 6 años del estallido social, la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público dio a conocer un informe respecto a los delitos cometidos durante las protestas en Chile.

Según el documento, en Chile se contabilizaron 32.901 casos, correspondientes a 35.146 delitos, ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, con 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas.

De acuerdo con el informe, la Región Metropolitana concentró el 46,9% de los casos, especialmente en los sectores de Santiago y Providencia, seguidas por Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%). En tanto, los meses con mayor número de denuncias fueron octubre y noviembre de 2019, coincidiendo con el peak de manifestaciones.

Entre los tipos de delitos más frecuentes, destacan los de violencia institucional cometidos por agentes del Estado (34,1%), saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), y desórdenes públicos (22,7%). En el ámbito de violencia institucional, se registraron 11.506 causas y 12.002 delitos, la mayoría por apremios ilegítimos y abusos contra particulares.

El informe también detalla que hubo 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales el 84% sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, incluyendo dos casos de ceguera total bilateral.

En cuanto a las víctimas fatales, se estableció que 30 personas murieron durante el periodo analizado: 46,7% en incendios, 30% en desórdenes públicos y 23,3% en casos de violencia institucional. El 93% de las víctimas eran hombres y el 86,7% mayores de edad.

En su informe, la Fiscalía reconoce que la mayoría de las causas fueron cerradas sin condena, en gran parte por la dificultad para identificar a los responsables. En los delitos de violencia institucional, por ejemplo, el 93,3% de los imputados no fue identificado, mientras que en los incendios el 78,3% de los casos carecía de imputado conocido.

Como respuesta, el Ministerio Público impulsó fiscales preferentes en derechos humanos, coordinaciones con el INDH y la Defensoría de la Niñez, además de crear en 2023 la Unidad Especializada de Derechos Humanos, destinada a fortalecer la investigación y persecución de estos delitos.

El informe concluye que el estallido social representó un impacto sin precedentes para el sistema de justicia penal chileno, tanto por la magnitud como por la complejidad de los delitos, y busca entregar transparencia sobre la gestión del Ministerio Público en uno de los periodos más críticos de la historia reciente del país.

Redacción ZonaZero.cl